La Comisión Permanente podrá, en el interregno parlamentario, interpelar a los ministros de Estado, formular estación de preguntas, solicitar la concurrencia de ministros de Estado para informar y requerir información a cualquier institución pública o privada en el cumplimiento de sus funciones.

También podrá presentar demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en defensa de sus facultades y ejercer las demás potestades de control político, según lo regulado por su Reglamento.

Cabe indicar que el interregno parlamentario o espacio temporal es el que media entre dos parlamentos sucesivos.

También se propone que este órgano legislativo revise los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República durante el interregno parlamentario; y proceda a su modificación, de acuerdo a su Reglamento.

Así lo dispone el dictamen aprobado por mayoría- 11 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones- por la Comisión de Constitución y Reglamento tras modificar el artículo 135 de la Carta Magna, que establece en la actualidad que: “Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario”.

La aprobación de la iniciativa legislativa, de autoría del congresista Hernando Guerra García Campos (FP), fue aprobada después de un breve cuarto intermedio, que sirvió para recoger los aportes de los miembros de ese grupo de trabajo legislativo.

En la sustentación de la propuesta, Guerra García Campos señaló que durante el interregno pareciera que el Poder Ejecutivo asume un poder omnipotente, al punto de disolver el Congreso, dada las restricciones de funciones de la Comisión Permanente.

Entre los beneficios que se argumenta en la iniciativa están que dota de certeza los alcances del control político de la Comisión Permanente; desarrolla el contenido constitucional de la función de control político, y fortalece la división de poderes en situación de crisis política.

En el debate, la congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JPP) consideró que se estaría distorsionando los fines del interregno parlamentario.

El congresista Alejandro Cavero Alva (Avanza País) manifestó que no se debe seguir permitiendo que, en un espacio de interregno, el Poder Ejecutivo no le rinda cuentas a nadie, lo que no es democrático.

Por su lado, la legisladora Gladys Echaíz pidió reflexionar sobre el tema, por la necesidad de aclarar parte de los procedimientos, como el caso de requerir la intervención de la Comisión de Constitución, como lo establece el Reglamento.

El congresista Germán Tacuri Valdivia (BMCN) pidió un cuarto intermedio porque -dijo- parecería que se estaría dando mayores facultades al Poder Legislativo que al Ejecutivo.
La congresista Adriana Tudela Gutierrez (Avanza País) respondió que de lo que se trata es poner limitaciones al poder político en defensa del Estado de derecho, donde no cabe una disolución del Congreso.

La legisladora Patricia Juárez Gallegos (FP) dijo que es importante considerar, entre las atribuciones de la Comisión Permanente, ejecutar la defensa del Congreso ante cualquier instancia.

MINISTRO DE JUSTICIA

Para la sesión de la fecha había sido invitado el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate Romero, para que informe sobre las razones por las cuales su sector no habría emitido opinión institucional respecto de la propuesta de modificación de Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

El planteamiento estaba contenido en la Resolución Jefatural 000216-2023- JN/ONPE, cuya prepublicación se realizó en el Diario Oficial El Peruano el 1 de abril de 2023.

El titular de la comisión señaló que en el oficio emitido por el despacho ministerial, se informaba de la inasistencia del ministro «por tener que cumplir con compromisos antelados».

En el referido documento se indicaba que “no es posible hacer un pedido de opinión y que esa entidad no quiere incurrir en una supuesta intervención en órganos autónomos”.

El titular de la comisión aclaró que no se trata de eso, sino de la responsabilidad que tiene ese sector al no haber observado las trasgresiones de la ONPE.

Guerra García Campos indicó que se invitará nuevamente al ministro para que absuelva las dudas planteadas por diversos partidos políticos.

EN DEBATE

De otro lado, la comisión puso en debate el predictamen recaído en el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 4107/2022-CR, que plantea la modificación del Reglamento del Congreso, con el objeto de incorporar como función del presidente del Congreso denunciar por infracción a la Constitución Política al ministro o ministros que resulten responsables por la falta de reglamentación de las leyes.

A pedido de varios integrantes el tema será sometido a mayor reflexión para su posterior debate.

SUSTENTACIONES

Durante la sesión, varios congresistas sustentaron sus propuestas legislativas. Patricia Juárez Gallegos (FP) expuso sobre su iniciativa legislativa que propone incorporar a los titulares del sistema electoral en los alcances de la prerrogativa funcional de antejuicio y juicio político establecido en el artículo 99 de la Constitución.

Lo mismo hizo el congresista José Enrique Jerí Oré (SP), autor del Proyecto de Resolución Legislativa 4674/2022-CR, que propone modificar el Reglamento del Congreso de la República respecto de la elección del contralor General de República.

De igual manera, la congresista Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País) hizo lo propio de su Proyecto del Ley 4347/2022-CR, que tiene por objeto modificar los artículos 39 y 99 de la Constitución Política del Perú, a fin de introducir como altos funcionarios en el Estado a los miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La finalidad es que tengan la prerrogativa del antejuicio.

OFICINA DE COMUNICACIONES