Cerca de 50 mil niños, niñas y adolescentes se benefician con el bono de orfandad, expresó Elba Espinoza Ríos, viceministra de Poblaciones Vulnerables, durante su presentación ante la Comisión  especial multipartidaria de protección a la infancia en el contexto de la emergencia sanitaria periodo anual de sesiones 2022-2023, presidida por la congresista Esmeralda Limache, de Cambio Democrático.

La viceministra abordó el tema del seguimiento a la implementación de la Ley N° 31405, Ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas, niños y  adolescentes que se encuentran en situación de orfandad, a raíz de la pandemia del Covid-19.

Al respecto, la cifras del Ejecutivo dan cuenta que 49,238 niños, niñas y adolescentes, se benefician con esta asistencia económica (200 soles que se entregan de manera bimensual) y que este año demandarán un gasto de 116 millones de soles.

Otro de los temas abordados fue la situación de los niños con discapacidad en el Perú, en el marco de la Ley N° 29973, la cual establece el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica.

La viceministra Espinoza Ríos precisó que 463,071 niños, niñas y adolescentes en el país tienen condición de discapacitados.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión de protección de la infancia, Esmeralda Limache, pidió a la viceministra de Poblaciones Vulnerables, mayor información sobre el proyecto del Ejecutivo 2735 que plantea el reconocimiento del derecho al cuidado y la creación del Sistema Nacional de Cuidados.

La iniciativa considera actividades de cuidado a aquellas destinadas a proveer alojamiento, limpieza del hogar, comidas, refrigerio, vestimenta, cuidado de prendas, gestión y administración del hogar, entre otras actividades relacionadas.

Asimismo, establece como titulares del derecho, al cuidado a aquellas personas que se encuentren en situación de dependencia, particularmente los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores en situación de dependencia o fragilidad, como quienes proveen trabajo de cuidado remunerado y no remunerado.

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