El Congreso de la República aprobó, en primera votación, el dictamen que autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales para ejecutar proyectos de inversión pública, bajo el ámbito del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones del Poder Judicial y del Ministerio Público, con la finalidad de optimizar el servicio de Justicia.

La votación de la representación nacional fue de  66 votos a favor, veintiséis en contra y seis abstenciones.

El dictamen tiene por objeto autorizar a los gobiernos regionales y gobiernos locales para ejecutar proyectos de inversión pública que contribuyan a reducir la brecha en infraestructura inmobiliaria del Poder Judicial y del Ministerio Público, con la finalidad de optimizar el servicio de justicia.

Además, autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales para ejecutar inversiones, bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, del Poder Judicial y el Ministerio Público, previa suscripción del convenio respectivo y a título gratuito, sin que ello implique subordinación alguna de la administración de justicia.

Indica que se financia con cargo a los presupuestos institucionales de los gobiernos regionales y gobiernos locales, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

En su disposición complementaria transitorias, autoriza a los gobiernos regionales y gobiernos locales para continuar con la ejecución de inversiones que cuenten con convenios debidamente suscritos al amparo de la disposición complementaria final centésima vigésima tercera de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

El legislador José Luna Gálvez (PP) presidente de la Comisión de Presupuesto, consideró que la presente propuesta legislativa fortalecerá la presencia del Estado. «Mediante la administración de justicia, en aquellos lugares donde el Poder Judicial y el Ministerio Público no pueden llegar debido a sus restricciones presupuestales y, a la vez, permitirá desenvolverse de modo oportuno y eficiente al brindar un servicio más accesible para los ciudadanos.

La legisladora Diana Gonzáles Delgado, de Avanza País, presidenta de la Comisión de Descentralización, indicó que no se puede dar una adecuada administración de justicia, sino existe una buena infraestructura. «La correcta y eficiente administración de justicia, no sólo se vincula a las personas que están a cargo de compartirlas, sino también, de las condiciones con la que se cuentan para ejercer adecuadamente sus funciones», señaló.

La congresista Lady Camones Soriano (APP), autora de la propuesta, dijo que existen carencias de infraestructura y equipamiento que tienen los locales del Poder Judicial y Ministerio Público. «Lamentablemente el presupuesto asignado a estas instituciones no resulta suficiente. Esto obliga a buscar otros mecanismos orientados a financiar sus necesidades en infraestructura», expresó.

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