El ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, lamentó que en el conflicto entre pobladores de Quiruvilca y Barro Negro, en La Libertad, los suboficiales Dany Gutiérrez y Moises Abenzur hayan perecido ahogados en Laguna Grande en su intento de escapar de ser agredidos.

“Quiero expresar mi rechazo a lo acontecido, porque la policía acudía a brindar garantías y una población enardecida se enfrentó a los efectivos. Hemos pedido que se investigue porque no puede ser que dos policías hayan muerto ahogados en su intento de huir de las brutales agresiones”, dijo Pérez Guadalupe.

Así lo señaló el viernes 18, en sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional que se realizó en la sala 1 del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

El ministro acudió para informar sobre el enfrentamiento suscitado el pasado 8 de junio en esa localidad, que tuvo como consecuencia 37 heridos y 2 efectivos policiales fallecidos en cumplimiento de su deber.

El general Julio César Otoya Miranda, jefe de la Región Policial – La Libertad, explicó el origen del problema entre los pobladores de Quiruvilca y Barro Negro. Dijo que la municipalidad de Quiruvilca viabilizó el proyecto de inversión pública “Mejoramiento del camino vecinal Papelillo”, que contempla viabilizar 17 kilómetros de carretera.

Agregó que en octubre del año pasado, luego que el “Consorcio Papelillo” construyera 11 kilómetros de vía, se paralizó la obra por oposición de los pobladores del Caserío de Barro Negro (Usquil), quienes defendían la protección de las lagunas San Lorenzo y Laguna Grande.

Sin embargo, agregó Otoya Miranda, el 15 de enero de este año, la gerencia regional de Ambiente, mediante Oficio N° 016-2016-GRLL-GRAMB, aprueba la declaratoria de impacto ambiental e informa que no hay peligro de contaminación ambiental.

“Ellos aluden a contaminación por el futuro traslado de minerales por la carretera, pero ya se ha comprobado que no habrá contaminación ambiental. Es una vía que ayudará a la salida de productos que se cultivan en la zona. No puede ser que por celo de los pobladores de dos localidades se dificulte esta obra”, agregó el ministro Pérez Guadalupe.

Pérez Guadalupe informó que en ese momento no había un conflicto latente y por lo tanto el contingente policial acudió a la zona para brindar las garantías personales y patrimoniales solicitadas por las autoridades de Quiruvilca y por la Empresa “Consorcio Papelillo”.

“De pronto aparecen mil pobladores y atacan a los efectivos. Dos cruzaron la laguna y dos perecieron. Pero no es que se ahogaron nadando, sino que se ahogaron por la presión de los comuneros que, además ya los habían agredido físicamente”, dijo Pérez Guadalupe.

“Queremos una responsabilidad penal inmediata. No se puede hacer eso a una policía que acude a brindar garantías. La necropsia realizada arrojó que la causa de muerte fue debido a golpes con objetos contundentes”, sentenció el ministro.

La congresista Lourdes Alcorta advirtió a los invitados que la dotación que se envía siempre va a ser menor que la población. “Ustedes estaban brindando protección porque sabían que había crisis en torno a la obra. ¿Por qué no se mandaron helicópteros de La Libertad?, preguntó la parlamentaria.

Por su parte, el congresista Carlos Tubino cuestionó el equipamiento de la Policía Nacional. “Este tipo de situaciones no tienen que suceder. Los suboficiales estuvieron al mando del operativo, pero desarmados, sin armas no letales, como bombas lacrimógenas para repeler el ataque. A quién se le ha ocurrido que un policía no pueda defender su vida”, señaló el legislador.

A su turno, la congresista Luz Salgado advirtió la falta de “apreciación de inteligencia”, tal como lo había señalado el ministro Pérez Guadalupe. “No están llevando los operativos como debe hacerse con la apreciación de inteligencia. Hay responsabilidad del más alto nivel. No podemos mandar a nuestra gente a morir”, acotó la parlamentaria.

En otro momento, la congresista Luisa María Cuculiza pidió al ministro que proponga cambios en las normas vigentes sobre la materia, de ser necesario. “El hecho de ser comunero no deja de ser criminal. Ellos sabían que los llevaban a la muerte a los suboficiales. Les han truncado su carrera militar. Hay que ser fuertes para pedir justicia. Los comuneros ya están identificados, pero no están detenidos”, dijo la legisladora.

A ello el ministro informó que los detenidos sí están identificados. “La fiscal Sara García Arrascue, de la fiscalía de Santiago de Chuco nos ha dicho que no hagamos ninguna diligencia. Nosotros nos sentimos frustrados en ese sentido”, concluyó Pérez Guadalupe.

SESIÓN RESERVADA
Posteriormente, a solicitud del Ministro de Defensa, Jakke Valakivi Álvarez, y por tratarse de un tema “sensible” y, además, porque se “develaría procedimientos de seguridad dentro del centro de reclusión”, la sesión de la Comisión de Defensa Nacional pasó a ser reservada. El ministro informó sobre las investigaciones realizadas respecto a la denuncia del hallazgo de un celular en la celda de Vladimiro Montesinos, recluido en la Base Naval del Callao.

El ministro acudió acompañado del almirante Luis Enrique Deville Del Campo, Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, y Julio César Magán Zevallos, presidente del Instituto Nacional Penitenciario.

PRENSA-CONGRESO (brmd)
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