Un adecuado control concurrente para que las obras que se ejecutan en diversas regiones del país se den en el marco de las normas establecidas, demandaron diversos congresistas durante la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Héctor Ventura Ángel (FP).

Fue el martes 11, luego de escuchar la exposición de Nelson Shack Yalta, contralor general de la República, quien informó a ese grupo de trabajo respecto a las acciones de control específico realizados a los procesos derivados del Decreto de Urgencia 102, además de la ejecución del presupuesto recibido por efecto del control concurrente.

El parlamentario Edgard Reymundo Mercado (CD-JP) manifestó que sobre la Contraloría pesa el control técnico y especializado para que las acciones de corrupción sean evidenciadas y se sancionen.

Dijo que, en el 2021, este Congreso aprobó una ley importante que es el control concurrente que incluye la supervisión de las actividades que forman parte del proceso de transformación para asegurar que los proyectos se desarrollen conforme a las normas establecidas.

“Entiendo que no se está siendo tan simultánea y vinculante. Es necesario que todas las empresas respondan a las observaciones y requerimientos que hace la Contraloría”, sostuvo.

Su pronunciamiento se da luego de que el contralor Shack señalara que hay 4708 alertas, con bandera roja, que se han puesto a los gestores públicos a nivel nacional, de las cuales solo el 30 %, es decir 4 de cada 10 alertas, no han sido corregidas y 2 de cada 10 no informan nada.

Agregó que de alertas que se han emitido, el 19 % corresponde al gobierno nacional, 22 % a los gobiernos regionales y el 60 % a los gobiernos locales, las cuales no se corrigen.

“Casi la mitad de alertas no son atendidas y eso es muy preocupante porque esos errores se transforman en horrores y generan perjuicio al Estado”, dijo.

En otro momento, el contralor afirmó que más de 8 mil funcionarios tienen proceso administrativo, civil y penal, a lo que el titular del grupo de trabajo solicitó que aclare cuántos corresponden a la región Tumbes y si ya han recibido una sanción.

“En el caso de Tumbes, son 118 funcionarios. De ellos, solo el 10 % lo va procesar la Contraloría, y del resto se encarga los órganos de justicia”, detalló el Contralor.

Shack Yalta agregó que muchos de los funcionarios que han recibido una alerta siguen trabajando en el Gobierno Regional de Tumbes, y eso es legal, pues hasta que no se sancione pueden seguir trabajando, pero ya depende de la autoridad de tenerlos o no en sus puestos de trabajo.

En tanto, el legislador Jorge Marticorena Mendoza (PB) dijo que no se puede seguir permitiendo que la corrupción en el país se siga incrementando, por lo que pidió se señalen a los funcionarios a quienes se les ha detectado responsabilidad.

“Es importante que la Contraloría haga alertas y ponga más énfasis en el control concurrente”, añadió.

En otro momento, el contralor general de la República se refirió al Proyecto de Ley 3331-2022-CGR, que garantiza la autonomía y profesionalización de la carrera del auditor gubernamental.

Manifestó que el objetivo de la propuesta es garantizar la autonomía y profesionalismo de la carrera del auditor gubernamental que es el profesional que participa y ejecuta el control gubernamental externo en el ámbito del sistema nacional de control.

Por último, se hizo presente Nelly Paredes Del Castillo, ministra de Desarrollo Agrario y Riego, quien explicó sobre la presunta designación irregular en la Dirección General de Administración del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

La titular del Midagri, haciendo uso de un árbol genealógico, explicó no tener ningún vínculo de consanguineidad y afinidad y que la información propalada en un medio de comunicación no se ajusta a la verdad.

OFICINA DE COMUNICACIONES