La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra la excongresista Luciana Romero León, por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación, pero rechazó el referido a organización criminal.

En efecto, las acusaciones por los tres delitos contra la exlegisladora fueron aprobadas en forma unánime, pero la de organización criminal fue rechazada por 15 votos en contra del informe y diez a favor.

Fue después de escuchar la sustentación de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP) y de la congresista delegada para el caso, Susel Paredes Piqué (NA).

Ejerció su derecho de defensa el abogado de la excongresista denunciada, Fernando Silva La Rosa, quien sostuvo que los parlamentarios cumplen una función y que por comunicarse con ministros de distintos sectores no se les puede acusar de ser parte de una organización criminal.

Durante su alegato, el abogado pidió que se vote por separado los delitos que se imputan a León Romero, lo que fue aceptado por Camones Soriano y por el titular de la Comisión Permanente, José Williams Zapata.

Durante la sesión también se aprobó la nominación de las congresistas Soriano Camones y Paredes Piqué para la conformación de la subcomisión acusadora ante el Pleno.

El inciso h) del artículo del Reglamento del Congreso señala que “aprobada la acusación por la Comisión Permanente, el Consejo Directivo decide la fecha y hora, así como las reglas a ser aplicadas para el debate de la acusación constitucional, otorgándole prioridad en la agenda de la sesión correspondiente”.

EL INFORME FINAL

La congresista Paredes Piqué señaló que se atribuye el delito de tráfico de influencias a León Romero por haber gestionado en favor de la Municipalidad de La Victoria el financiamiento de obras públicas entre los años 2017 y 2018, ante el Ministerio de Economía y Finanzas y Vivienda y Construcción.

Entre las obras referidas se encuentran el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana, mejoramiento de pistas y veredas en la urbanización Balconcillo en el Rímac, entre otros.

Estas obras se habrían redireccionado para su ejecución a consorcios o empresa vinculadas al empresario Alexander Peña Quispe, presunto líder de la organización criminal “Los Intocables ediles de La Victoria”.

Así también se le atribuye a León Romero, haber recibido sumas de dinero a cambio de sus gestiones, por parte de Peña Quispe y de Elías Cuba Bautista, entonces alcalde de La Victoria.

También se la acusa de haber recortado el sueldo a sus trabajadores y haber contado con servidores fantasmas para quedarse con dinero para beneficio personal.

OFICINA DE COMUNICACIONES