El investigado Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción, decidió guardar silencio ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría que preside el congresista Héctor Ventura Ángel (FP).

Fue el viernes 17 durante el desarrollo de la sesión extraordinaria de ese grupo de trabajo que investiga los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por las municipalidades de Anguía, Chadín y otros, así como los financiados por el Ministerio de Vivienda y Construcción.

El exjefe del gabinete justificó su decisión aduciendo que la referida comisión no le habría brindado las garantías para él y su familia de dar protección y seguridad en el centro penitenciario en el que se encuentra recluido por el presunto delito de organización criminal y otros.

Al respecto, Ventura Ángel manifestó que los entes encargados de brindar las garantías a todos los internos a nivel nacional son el Ministerio Público y el Inpe.

“El Ministerio Público es el ente regulador de esas funciones en coordinación con el Inpe. Ellos son los que deciden si lo cambian o no del lugar donde está recluido, no es obligación de la comisión hacerlo”, precisó el titular del grupo de trabajo.

De igual manera, Rudbel Oblitas Paredes, sobrino del expresidente Pedro Castillo, se negó a responder las preguntas referidas directamente al exmandatario y a su esposa Lilia Paredes amparado -dijo- en el artículo 65 del Código Procesal Penal por tratarse de una investigación en el que están inmersos sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad.

“No tengo que declarar con respecto a ellos porque son mis familiares directos”, dijo.

Ventura Ángel manifestó que el artículo en mención no se adecúa a lo que hace referencia y el guardar silencio puede ser tomado como desacato de la autoridad, toda vez que sus tíos (Pedro Castillo y Lilia Paredes) están en condición de testigos y no de investigados.

El grupo de trabajo también escuchó la defensa de Nathaly Viviana Alcántara Montes, licenciada en Negocios Internacionales, quien refirió que José Nenil Medina, exalcalde de Anguía, y el empresario Hugo Espino le ofrecieron dinero a través de su abogado para que firme la buena pro de los contratos de todo el procedimiento de selección, pero ella se negó a hacerlo.

“Le ofrecieron a mi abogado entre 20 mil a 50 mil soles, no recuerdo bien, pero era para que yo firme las actas de los contratos de una obra que está dentro del decreto de urgencia”, sostuvo.

Agregó que se negó a firmar porque nunca ha trabajado en esa entidad y no era su responsabilidad.

Finalmente, la Comisión de Fiscalización y Contraloría citará bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública a Sada Angélica Goday Chong, representante legal de Marka Group SAC, además a Kelly Yolanda Vásquez Chasquibol y Milagros del Pilar Rimarachín Regalado.

“Dicha citación, de conformidad con el artículo 97 de la Constitución y del literal d) del artículo 88 del Reglamento del Congreso, se hará bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública”, advirtió el presidente de la comisión.

OFICINA DE COMUNICACIONES