La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Américo Gonza Castillo (PL) decidió, por mayoría, citar a los ministros del Interior, Defensa y de Justicia y Derechos Humanos, para que informen sobre las circunstancias de las muertes, heridos y detenciones en las protestas ciudadanas realizadas en el ámbito nacional.

De esta manera, los titulares de Interior, Vicente Romero Fernández; de Defensa, Jorge Chávez Cresta  y de Justicia, José Tello Alfaro; deberán concurrir al grupo de trabajo, en fecha y hora que serán coordinadas. La propuesta obtuvo seis votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones.

Previamente, se debatió y aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en el proyecto de ley 1338/2021-GL, que propone modificar el artículo 163 del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Américo Gonza Castillo sostuvo que la iniciativa, presentada por un gobierno local (Comas) solicitaba el incremento de la pena privativa de la libertad para adolescentes, hecho que no resulta viable porque se desconoce el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Obtuvo ocho votos a favor, tres votos en contra y cero abstenciones.

CUARTO INTERMEDIO

Así también, este grupo de trabajo pasó a cuarto intermedio tres predictámenes para un mayor análisis.

El primero fue el predictamen recaído en los en los proyectos de ley 2257, 2325, 2351, 2384, 2523 y 3414, todos del 2021, que modifican el artículo 194 y 195 del código penal, comprendiendo a los infractores, el extremo de la pena privativa de la libertad y sanciona el facilitamiento al delito de receptación.

Tanto la congresista Gladys Echaíz de Núñez Izaga (RP) como, su colega, José Balcázar Zelada (PB) solicitaron un mayor estudio de la iniciativa legislativa, puesto que no pude desnaturalizarse la figura del receptor, y colocar “candados” en la ley para disminuir los robos.

El segundo recayó en el proyecto de ley 617/2021, Ley que modifica el Código Penal para ampliar la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena para los condenados por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.

En este estadio también hubo un debate en el que intervinieron los legisladores José Balcázar Zelada (PB) Adriana Tudela Gutiérrez (AvP) Gladys Echaíz de Núñez Izaga (RP) Jorge Morante Figari (FP) y Martha Moyano Delgado (FP).

El tercero fue el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1600/2021, en virtud del cual se propone incorporar la detención civil previa a la denuncia penal, para garantizar el cumplimiento oportuno del pago de alimentos.

ARCHIVAMIENTO

En otro punto de agenda, los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobaron el archivamiento de dos predictámenes.

El primero, en su condición de segunda comisión dictaminadora, fue el predictamen recaído en el proyecto de ley 1739/2021, que propone la Ley de reforma constitucional que incorpora la pena de muerte por el delito de violación sexual contra menores de edad. El voto fue unánime: catorce votos.

El segundo fue el predictamen recaído en el proyecto de ley 2032/2021, que propone la pérdida de la patria potestad, tutela o curatela al agente que introduzca a la mendicidad a las personas vulnerables colocadas bajo su control y autoridad. Obtuvo catorce votos a favor.

OFICINA DE COMUNICACIONES