Con catorce votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC) aprobó el informe final que recomienda procesar a la excongresista Luciana León Romero, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio, organización criminal y peculado doloso por apropiación.

La congresista delegada, encargada de investigar el caso, Susel Paredes Piqué (NA) quien se encargó de la sustentación del documento, señaló que encontró 171 elementos de convicción para hacer la denuncia respectiva ante el Poder Judicial.

Será el Pleno el que decida con sus votos si aprueba el informe y le da el trámite respectivo.

Paredes Piqué dijo que la mayoría de esos elementos fueron encontrados durante el allanamiento a su domicilio y  despacho congresal, con lo cual se evidenciaría el vínculo con los denominados “Los intocables ediles”.

Como se recuerda, la denuncia constitucional contra la exparlamentaria fue presentada en marzo pasado por la Fiscal de la Nación, en ese momento, Zoraida Ávalos Rivera.

Paredes Piqué señaló que el alcalde de La Victoria, Elías Cuba Bautista, era considerado el líder de la organización criminal quien ponía a disposición los recursos municipales para poder cometer los delitos. Supuestamente, el burgomaestre, tenía en León Romero su brazo político y de influencia con el Poder Ejecutivo.

Durante la sesión, realizada en horas de la tarde, la congresista Noelia Herrera Medina (RP) Ernesto Bustamante Donayre (FP) y Carmen Patricia Juárez Gallegos (FP) pidieron la inhibición del caso de Paredes Piqué, por supuestamente haber adelantado opinión y ejercer presión a través de un Twitter.

El pedido no fue aceptado por la titular de la SCAC, Lady Camones Soriano (APP) por no encontrarse en el reglamento. Paredes Piqué se disculpó por sus expresiones “desafortunadas”.

AUDIENCIA

Antes, la SCAC se ocupó de la DC N° 328 en la audiencia pública, que investiga a los exministros de Comercio Exterior y Turismo y del Interior, Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivos, respectivamente.

La congresista Heidy Juárez Calle, convocada como testigo en su condición de exministra de la Mujer, señaló que no conoció con antelación los movimientos del 7 de diciembre referidos al mensaje presidencial y que en aproximadamente 30 minutos se retiró del Palacio de Gobierno y renunció a su cargo vía Twitter.

El asesor presidencial Luis Alberto Mendieta Gavirondo, también convocado como testigo, dijo que el tema central de la reunión del 6 de diciembre, fue la defensa y las funciones asignadas a los ministros designados.

Dijo que en ningún momento se habló del cierre del Congreso, sino de cómo explicar las carencias de fundamentos de la tercera moción de vacancia presidencial.

Mendieta se manifestó contrario a los actos que tuvieron lugar con la declaratoria del estado de excepción.

También fueron interrogados en su calidad de testigos, Félix Chero Medina, exministro de Justicia y Alejandro Antonio Salas Zegarra, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, quienes se ratificaron en que no conocieron del intento golpista de Castillo Terrones.

OFICINA DE COMUNICACIONES