El Poder Legislativo y la Contraloría General de la República expresaron hoy su decisión coincidente de agotar todos los esfuerzos y desplegar una lucha frontal contra la corrupción en el país. Al mismo tiempo cifraron sus esperanzas en que el nuevo gobierno que comenzará en julio próximo, consolide las acciones dentro de aquella cruzada nacional.

Esa expresión coincidente se dio durante la presentación del titular del organismo superior de control, Fuad Khoury Zarzar, en la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el miércoles 4, ante la cual presentó un informe de su gestión institucional, conforme a lo establecido en la ley del Sistema Nacional de Control y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

En la oportunidad, Khoury resaltó el valioso apoyo brindado por el Parlamento a través de la aprobación, dijo, de diez normas legales que han potenciado el accionar institucional de la Contraloría. Entre ellas mencionó a la ley de imprescriptibilidad de los delitos en agravio del Estado; la de control interno; eliminación de la pena suspendida para delitos de peculado y colusión, entre otras.

En su exposición, Fuad Khoury se refirió a la modernización institucional de la Contraloría en los últimos cinco años, los retos actuales y las recomendaciones de medidas por adoptarse a futuro inmediato.
“Insistiremos y coordinaremos con el Congreso para perfeccionar las diferentes normas legales en cuanto a contrarrestar la corrupción. Buscamos erradicar la impunidad, impulsar el establecimiento del control interno en todas las instituciones y organismos públicos y simplificar la normativa y los procedimientos del Estado en estos campos”, expresó el expositor.
“Gracias por la formulación de las leyes para la lucha contra la corrupción”, señaló el contralor general a los legisladores.
Sus palabras encontraron inmediata respuesta en el presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Gustavo Rondón Fudinaga (SN), quien garantizó que el Poder Legislativo proseguirá con su decidido apoyo a la labor anticorrupción que se libra a nivel nacional.

EMPRESAS BRASILEÑAS

Ante una pregunta concreta del congresista Rondón, el contralor Khoury se refirió a los proyectos contratados con empresas brasileñas, algunas de las cuales han sido involucradas en el llamado ‘Caso Lava Jato’.
Refirió que en el Perú esas empresas brasileñas han celebrado contratos con el Estado para la ejecución de 42 proyectos por un valor total de 17 mil 337 millones de dólares. Añadió que ese total, la empresa Odebrecht había celebrado contratos por 12 mil millones de dólares y le siguen en importancia otras como Andrade Gutiérrez y Camargo Correa.

Indicó que la Contraloría ha auditado un 80% de esas inversiones, lo cual representa 38 proyectos. Asimismo, se había cumplido trabajos de control previo, control simultáneo y un 74% de esas inversiones fue sometida a auditoría.

Detalló que entre 13 proyectos evaluados figuran el Gasoducto Sur Peruano, Proyecto Metro Lima 1, Construcción de la Avenida Néstor Gambeta (Callao), Proyecto Olmos, Túnel Trasandino, diversas carreteras en el interior del país, Metro 1 en su Tramo 2 y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en Huachipa.
Comentó que en la ejecución de esas obras se había acreditado perjuicios para el Estado por 965 millones de dólares, y se ejecutó el control previo por valor de 400 millones de dólares.

INTERVENCIONES

En la rueda de intervenciones de los congresistas, el parlamentario Heriberto Benítez Rivas (NoA) preguntó por acciones respecto a la minería informal o ilegal a fin de contrarrestarla; y cómo podría entenderse, en ese sentido, las declaraciones de una candidata presidencial (Keiko Fujimori Higuchi) de apoyar a los mineros informales en sus demandas. También preguntó sobre alguna pesquisa que se haría respecto del congresista fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra y la adquisición que habría hecho de una vivienda en Miami, Estados Unidos.

Esa interrogante motivó la reacción inmediata de su colega Héctor Becerril Rodríguez (FP), quien señaló que el contralor había acudido a la sesión a informar acerca de su gestión institucional de cinco años. Precisó que la corrupción es más amplia y fuerte respecto de las obras públicas, y una demostración de esto es el llamado caso de ‘La Centralita’. En otro momento, afirmó que mientras hay quienes postulan a la presidencia de la República, “hay otros que postulan a la cárcel”.

El debate parlamentario dio motivo para que varios legisladores planteasen y solicitasen informaciones respecto de medidas consideradas de corrupción en sus respectivas regiones, sobre las cuales pidieron respuestas en cuanto a intervenciones y resultados de las investigaciones practicadas. (JTR).

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