La presencia del presidente del Consejo de Ministros y Ministro del Interior a fin de que expliquen la ejecución de los planes de prevención y acción frontal contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, exigió la congresista Marisol Pérez Tello (PPC-APP), pidieron durante el acto de lanzamiento de la campaña “Cárcel”, que se realizó en la sala Mohme del Poder Legislativo.

La legisladora explicó que la asistencia de ambas autoridades del Ejecutivo en el Pleno del Congreso se debió efectuar el 23 de setiembre del año pasado, pero dijo que han pasado ocho meses y no se han presentado, desacatando la ley en contra de la explotación infantil que los obliga a ello.      

Por tal motivo, pidió al presidente del Parlamento a que se convoque al jefe del gabinete, Pedro Cateriano, y al titular del Interior, José Pérez Guadalupe para que cumplan con informar sobre la lucha en contra de esa lacra social que sigue creciendo indetenibl,emente en el país.

De otro lado, Pérez Tello destacó la actitud de apoyo a la lucha contra la explotación sexual de menores adoptada por los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Defensoría del Pueblo, así como de las municipalidades de Miraflores, Callao y Maynas, y otras instituciones, entre ellas la CHS-Alternativo y Organización Internacional para las Migraciones (OIM).   

El director ejecutivo de CHS-Alternativo, Ricardo Valdés, informó que, de acuerdo a un informe del Ministerio de la Mujer, se presentaron en el 2006 alrededor de 10 mil casos de explotación sexual infantil; en el 2011, 811 casos y entre el 2014 y 2015, 483 casos. “Esto constituye un problema grave y dramático que debe ponerse coto lo más rápido posible con la ayuda del Poder Ejecutivo, Congreso e instituciones privadas”, opinó.

Indicó que otros informes precisan que en un año se explotó sexualmente a 26 mil mujeres menores de edad, entre 10 y 17 años. “Esto ocurre y no se tiene informes sobre un solo caso que se haya castigado al responsable, no obstante haber una ley que castiga con 35 años de cárcel al denominado usuario. Las autoridades deben hacer cumplir las normas en contra este flagelo”, expresó.

    El jefe de la Misión Perú de la OIM, José Dávalos, informó que la explotación sexual de menores produce anualmente más de 30 mil millones de dólares en el mundo y los escenarios en donde se produce están relacionados con la gran afluencia de turistas. Señaló que en el Perú se comete ese delito en Iquitos, Cusco, Lima, Callao y otras ciudades turísticas.

Manifestó que la situación se agrava por el mínimo apoyo presupuestal que da el Gobierno para solucionar el problema social, pues solo facilita 0.30 centavos de sol para cada persona agraviada, “lo cual es totalmente inaudito pensar que se pretenda resolver el problema de erradicación de esa lacra”.

La Adjunta para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, transmitió la decisión de su institución de apoyar decididamente en la lucha contra la explotación sexual de menores de edad y la trata de personas.

“La Defensoría del Pueblo no se puede mantener pasiva ante tremendo problema que afrontan nuestros infantes y adolescentes. El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, apoya la campaña y exige al Ministerio de Economía y Finanzas destinar recursos para la noble causa que tiende a proteger a los menores de edad”, subrayó.

Finalmente, el representante de la Red de Protección al Turista del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Sevilla, exhortó a autoridades y al pueblo a unir esfuerzos para erradicar la lacra que significa prostituir a los menores de edad y remarcó que su sector está aplicando una campaña de “tolerancia cero” a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del país. (jon)

PRENSA-CONGRESO

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