El Pleno del Congreso dejó en cuarto intermedio la propuesta de prohibir a las municipalidades que hagan uso de grúas sin la presencia de un efectivo de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú, cuando realicen intervenciones en materia de tránsito, viabilidad y transporte público.

La decisión tiene el objetivo de acoger los aportes de los parlamentarios que consideraron la necesidad de reevaluar un aspecto de la propuesta que plantea como competencia de fiscalización de las municipalidades provinciales el supervisar, detectar infracciones e imponer sanciones a infractores, previo informe y coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
La congresista Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País) consideró que la propuesta es razonable frente los abusos que se vienen cometiendo por parte de las municipalidades.

Sin embargo, calificó de incorrecta que con la iniciativa se pretenda modificar una norma importante, como es la Ley General del Transporte Terrestre, al plantear modificar las actuales competencias municipales para detectar infracciones e imponer sanciones.

Señaló que los municipios no podrán poner ningún tipo de sanción sin contar con un informe previo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Es decir que el MTC tendría que aprobar cada una de las ordenanzas municipales en todo el territorio nacional”, señaló al comentar que esta situación solo favorecería a los infractores.

La sustentación del Proyecto de Ley N.° 2370, de autoría de la congresista Francis Paredes Castro (BMCN), fue realizada por el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Luis Ángel Aragón Carreño (AP), quien dijo que la iniciativa busca la referida prohibición debido a las múltiples quejas y reclamos de los vecinos.

Explicó que, en forma sorprendente, diversas municipalidades se han vuelto proactivas en la utilización de grúas para remolcar vehículos estacionados en las calles, y que el mecanismo generaría importantes ingresos por concepto de multas y pagos, que los propietarios tendrían que asumir para recuperar sus autos.

Consideró que es necesaria la aprobación de la propuesta para establecer un ordenamiento normativo con medidas orientadas a respetar los derechos de los ciudadanos.

Para ese efecto, dijo, se debe permitir que los gobiernos regionales y municipales puedan emitir ordenanzas en su jurisdicción, pero sin contravenir los reglamentos que rigen a nivel nacional ni desnaturalizar la ley y sus reglamentos.

Por su lado, Paredes Castro sostuvo que con la aprobación de su proyecto de ley se logrará hacer justicia a muchos ciudadanos.

OFICINA DE COMUNICACIONES