La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano, dispuso que el viernes 20 de enero, a las 08:30 horas, será la audiencia de la Denuncia Constitucional nro. 328 presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en contra de los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.

A ellos se les denuncia como presuntos autores de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y alternativamente por la presunta comisión del delito de conspiración en agravio del Estado, por los hechos ocurridos el 7 de diciembre del año pasado.

Lady Camones informó que la subcomisión ha recibido el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas de la Denuncia Constitucional nro. 328 elaborado por el congresista Wilson Soto Palacios (AP) y que este ya se ha distribuido a los integrantes de ese grupo legislativo.

En otro momento, Camones Soriano dijo que se ha fijado para el próximo miércoles 18 de enero el inicio de la audiencia de la Denuncia Constitucional nro. 300, oportunidad en que se recibirá los alegatos de la parte denunciante y denunciada.

PIDE REFLEXIÓN

En otro momento, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales invocó a sus colegas legisladores a reflexionar sobre la decisión adoptada en la víspera de archivar la propuesta de inhabilitación por 10 años para el legislador Freddy Díaz Monago.

Durante la sesión de ese grupo de trabajo, dijo que se “no se debe avalar hechos que avergüenzan a este Congreso”.

Lady Camones informó que la subcomisión ha solicitado que la reconsideración presentada por la parlamentaria Sigrid Bazán Narro (CD-JPP) a esa votación, sea el primer punto en la agenda del Pleno del jueves 12.

AL ARCHIVO

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que declara improcedente la denuncia constitucional contra los exjueces supremos de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, Ángel Romero Díaz, Carmen Julia Cabello Matamala, Carlos Alberto Calderón Puertas, José Felipe de la Barra Barrera y Denis Mirtha Céspedes Cabala, por la presunta comisión del delito de prevaricato, previsto en el artículo 418 del Código Penal.

A ese acuerdo se llegó con el voto a favor de 21 congresistas, un voto en contra y ninguna abstención.

La legisladora Milagros Jáuregui (RP), en su condición de delegada para dicha denuncia, presentó el informe final de DC 021 (ex 318) presentada por el ciudadano Inocente Milquiades
En la denuncia se señala al denunciante que como morador del Asentamiento Humano Los Olivos de Pro – Sector “C” interpuso una demanda de prescripción adquisitiva de dominio contra la Asociación de Vivienda Trabajadores Adjudicatarios de la Hacienda de Pro.

“El denunciante señala que él no presentó ningún escrito de apelación, tal como señala la resolución de la Corte Suprema”, agregó la legisladora.

Asimismo, señala que la Sala Civil Permanente habría emitido resoluciones fundadas mientras que en la Sala Civil Transitoria ha emitido resoluciones contradictorias.

Luego de haberse realizado el procedimiento que corresponde a una denuncia constitucional y tras el análisis respectivo, la parlamentaria señaló que los exjueces supremos “no han cometido el presunto delito”.

Jáuregui dijo que luego de un análisis se ha determinado que ha ocurrido “un error material” en la Resolución de Casación 2429-2018 – Lima Norte que consignó la frase “escrito de apelación” en lugar de “escrito de demanda”.

OFICINA DE COMUNICACIONES