La parlamentaria Sigrid Bazán Narro (CD-JPP) presentó esta tarde una reconsideración a la votación que envió al archivo el proyecto de Resolución Legislativa del Congreso que planteaba inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz Monago.

El artículo 58 del Reglamento del Congreso señala que “las reconsideraciones se presentan por escrito luego de las votaciones y su aprobación requiere el voto de más de la mitad del número legal de congresistas”.

El pedido de Bazán Narro se dio a conocer luego que el Pleno no alcanzara los 66 votos necesarios para dar luz verde a esa propuesta de sanción, tal como lo dispone el artículo 89 del Reglamento del Congreso, referido al procedimiento de acusación constitucional.

“El acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, en un juicio político previsto en el primer párrafo del artículo 100 de la Constitución, se adopta con la votación favorable de los 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de la Comisión Permanente”, señala el dispositivo reglamentario.

El resultado de la votación fue de 60 votos, dos en contra y 21 abstenciones, por lo que el proyecto de resolución legislativa pasó al archivo.

INFORME FINAL

Previamente, los congresistas Lady Camones Soriano (APP) y Luis Aragón Carreño (AP), integrantes de la subcomisión acusadora, sustentaron el informe y formularon acusación ante el Pleno del Congreso.

Camones precisó que en el transcurso de las investigaciones se han observado todas las garantías del debido procedimiento, como el cumplimiento de todas las fases y plazos, y el derecho del denunciado a ser oído y ser asistido por su defensa técnica.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales agregó que la decisión arribada en el informe final se encuentra ceñida a la luz de nuestro ordenamiento jurídico.

El informe final señala, en la conclusión sobre la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción de inhabilitación, que esta cumple con el principio de proporcionalidad, por tanto, también son razonables, y de esta forma compatibles con la Constitución.

Además, que “se ha demostrado que el congresista denunciado hizo mal uso de su poder como Congresista de la República y su investidura para sostener relaciones sexuales e ingerir licor con una trabajadora que está bajo su cargo, provocándole un daño psíquico a la misma y sobre todo empleando las instalaciones y recursos públicos que le asigna el Congreso de la República”.

De igual forma, “se ha demostrado que el congresista denunciado ha incurrido en infracciones constitucionales de los artículos 1, 2 (numerales 1 y 24 (literal h)), 38 y 39 de la Constitución Política del Estado”.

El documento añade que “la conducta del denunciado se han observado factores adicionales a los hechos materia de investigación que justifican la aplicación de la sanción propuesta, como son los siguientes: es un alto funcionario del Estado, que tiene una mayor responsabilidad de actuar en beneficio de los peruanos, en vez de hacer mal uso de su cargo, y los hechos se llevaron a cabo al interior de un despacho congresal, haciendo un mal uso de los bienes asignados a su persona por su condición de congresista”.

“Por lo expuesto, en nombre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la subcomisión acusadora, acusamos al congresista Freddy Díaz Monago por juicio político, solicitando que se le aplique la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por 10 años”, dijo Camones Soriano.

Además, solicitó que se apruebe el proyecto de resolución legislativa y su publicación en el diario oficial El Peruano.

Posteriormente, el Pleno del Congreso pasó a sesión reservada, a solicitud del legislador Freddy Díaz Monago y de su abogado Emerson Miguel Campos Maldonado, a fin de exponer sus alegatos de defensa.

OFICINA DE COMUNICACIONES