El Pleno del Congreso decidió insistir, en la autógrafa de Ley, observada por el Poder Ejecutivo, que tiene por objeto  establecer medidas para la promoción y fortalecimiento de la acuicultura sostenible en el país y promover las sinergias entre las empresas acuícolas a nivel nacional.

La iniciativa que por unos momentos quedó en un cuarto intermedio para la presentación de un texto sustitutorio, contó con 69 votos a favor, 33 en contra y una abstención.

Una nueva consulta para exonerarla de segunda votación alcanzó los 83 votos a favor, 17 en contra y dos abstenciones, con lo cual fue aprobada la referida insistencia.

Cabe indicar que hubo de requerir de una reconsideración para proceder a la referida exoneración por 80 votos a favor, 19 en contra y una abstención. La anterior no había alcanzado los tres quintos del número legal de congresistas y la comisión a cargo de la propuesta interpuso la reconsideración.

La presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Rosangella Barbarán Reyes, (FP), señaló que se encuentran comprendidas en los alcances de la iniciativa las personas naturales o jurídicas que cuenten con derecho administrativo y habilitación sanitaria vigente para realizar la actividad de acuicultura.

En efecto, se trata de esta actividad en las siguientes categorías productivas: Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y la Acuicultura de Mediana y gran Empresa (AMYGE), a nivel nacional, las cuales deben cumplir con todas sus obligaciones tributarias y sanitarias correspondientes.

Así también explicó que se encuentran comprendidas en los alcances de la presente ley las personas naturales o jurídicas que cuenten con derecho administrativo y habilitación sanitaria vigente para realizar la actividad de acuicultura y que realizan procesamiento industrial (proceso de congelado, envasado o curado) con fines de conservación y comercialización.

La propuesta plantea establecer como beneficio, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2031, a favor de la actividad de la acuicultura, la depreciación para efecto de la determinación del impuesto a la renta a razón de veinte por ciento (20%) anual del monto de las inversiones en infraestructura acuícola, así como en equipamiento asociado al cultivo que realizan las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades acuícolas.

Una de los autores de la iniciativa, congresista Rosío Torres Salinas (APP), indicó que como mujer comprometida con la lucha en contra la pobreza en las comunidades considera que se requieren incentivos para el desarrollo de la selva peruana.

Indicó que está establecida una escala tributaria para los ejercicios gravables, el que concluye en su primera escala el 31 de diciembre del 2022, por lo que se hace necesario e impostergable aprobar la ley por insistencia.

OFICINA DE COMUNICACIONES