La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó por mayoría un informe sobre el llamado ‘Caso de las agendas de Nadine Heredia’, con la propuesta que sea remitido al Ministerio Público para que investigue la presunta comisión de irregularidades que habrían cometido la presidente del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, su hermano Ilan, y otras 23 personas naturales y cuatro entidades jurídicas.

El informe, que recibió el voto a favor de nueve congresistas, uno en contra y una abstención, propone también que la comisión que investiga el ‘Caso lava jata’, incluya en sus investigaciones a la también primera dama. Ello, debido a las anotaciones contenidas en sus ‘agendas’ sobre las  supuestas reuniones con representantes de empresas brasileras vinculadas al caso Lavajato (casos de OAS, Odebrech y otras en proceso de identificación), “toda vez que tendrían una relación directa con la referida investigación”.

Las agendas contienen información sobre arqueos de cuentas, presupuestos contables, reuniones, anotaciones personales, familiares, itinerarios de viajes, estrategias, gastos y otras actividades, “hechos que se habrían sucedido en la realidad y que se realizaron entre los años 2006 al 2010 y que habrían trascendido hasta la actualidad”, dice el informe..

El documento fue aprobado en una prolongada sesión conducida por el titular de ese grupo de trabajo legislativo, Gustavo Rondón Fudinaga, y de la cual se retiraron siete de los ocho congresistas nacionalistas, que se encontraban presentes. Solo se quedó Josué Gutiérrez, quien también se retiró luego de cuestionar el informe.

Gutiérrez Cóndor dijo que las conclusiones del documento constituían un ‘refrito’ que no aportaba nada nuevo a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, que no ha encontrado cuentas en las islas Caimán ni empresas offshore, y solo ha servido para obtener réditos políticos y “hacer escarnio de una mujer por el solo hecho de dirigir un partido político” con el que no simpatiza la oposición.

El documento, cuyas conclusiones y recomendaciones fueron detalladas por Rondón, da a conocer el monto de los presupuestos en efectivo consignadas en cada una de las cuatro ‘agendas’, en la primera de las cuales aparecen las cantidades de 13 millones 55,450 dólares; 87,416 euros y 25 mil francos suizos; y un presupuesto de gastos por 14,260 soles.

Las agendas 2 y  3 consignan cantidades mínimas; y en la 4, llamada ‘libreta menor’, se consignan efectivos por 187,350 soles; 3 millones 762,100 dólares, 127,779 euros y 14,137 francos suizos.

Según se afirma, la Comisión detectó 13 cuentas bancarias a nombre de Heredia Alarcón, y ‘movimientos sospechosos’ en dos de ellas; y da a conocer los depósitos efectuados por la firma Kaysamak a las cuentas de Rocío Calderón Vinatea y Antonia Alarcón Cubas, quienes a su vez depositaron sumas menores a las cuentas de la primera dama. 

En una de sus conclusiones, el informe señala que “existen marcadas diferencias entre lo declarado por Nadine Heredia Alarcón como ingresos ante la SUNAT con lo referente a los depósitos recibidos entre los años 2005 al 2015”, y resalta montos de S/. 180,500 en el año 2013; US$ 123,415.78 en el 2009, y US$ 118,078.00 en el 2007.

También señala que “se ha determinado la existencia de indicios razonables de la supuesta comisión del delito de corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, en concurso con el delito de lavado de activos, cuyo presunto responsable sería el investigado Edwin Elmer Yalico Contreras. Este ciudadano peruano, habría tenido en el año 2009 un depósito de US$ 190,652; al tiempo que se desempeñaba como servidor judicial, depósito de dinero que sería un indicio de la comisión de los delitos mencionados.

 El informe, que será sometido a consideración del Pleno del Congreso de la República, recomienda, además, que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) realice una fiscalización exhaustiva a las personas naturales y jurídicas que tienen la calidad de investigados, a fin de determinar la posible comisión de ilícitos de relevancia tributaria; y a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para que tome “acciones inmediatas” con respecto al BBVA-Banco Continental por entregar información falsa a la comisión.

Finalmente, propone que el Ministerio de Relaciones Exteriores, remita sendas copias autenticadas del informe al Congreso Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y al Congreso Nacional de Brasil a fin que se investiguen los posibles actos correspondientes al delito de lavado de activos, y las transferencias irregulares desde empresas y de esos estados para financiar partidos políticos peruanos. (JVS)

PRENSA-CONGRESO

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