La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales otorgó el plazo de 5 días hábiles, contado desde el martes 20 hasta el próximo martes 27, para que el congresista Diego Bazán Calderón (Avanza País) presente el informe final respecto de la Denuncia Constitucional nro. 307 contra el expresidente Pedro Castillo Terrones.

A ese acuerdo de autorización se llegó este lunes 19, con 20 votos a favor, una abstención y ninguno en contra.

Lady Camones Soriano, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, informó que tanto el expresidente Pedro Castillo Terrones, como los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado, de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, respectivamente, fueron notificados como corresponde.

Precisó que el 6 de diciembre Castillo Terrones fue notificado en Palacio de Gobierno, y los exministros de Estado fueron notificados en la dirección que figura en sus respectivos Documentos Nacional de Identificación; sin embargo -añadió el plazo venció el 15 de diciembre y ninguno de los denunciados han presentado sus descargos.

Antes el congresista José Balcázar (PB) preguntó sobre cómo podría responder el expresidente si se encuentra detenido. Agregó que, si uno de los denunciados se encuentra detenido en un centro penitenciario, entonces tiene que cumplirse con la formalidad de que se publique las notificaciones en el diario oficial El Peruano.

En el curso de la sesión, la congresista Noelia Herrera (RP), que había sido nombrada delegada de la denuncia constitucional 307, informó que -mediante un oficio- presentó su declinación.

En ese contexto, la presidenta de la subcomisión dispuso que se elija al nuevo delegado en la fecha e inmediatamente el congresista Balcázar propuso al congresista Edgard Reymundo (CD-JPP), quien -posteriormente- declinó a la postulación. En tanto que, la congresista Patricia Juárez (FP) sugirió como nuevo delegado al congresista Diego Bazán, quien fue nombrado como tal.

“Que no quede duda que asumo este caso con mucha responsabilidad”, dijo Bazán Calderón.

La DC 307 fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, contra Pedro Castillo Terrones por la posible comisión del delito contra la tranquilidad publica en la modalidad de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión.

En la misma denuncia también se acusa a Juan Silva Villegas, exministro de Transportes y Comunicaciones y a Geiner Alvarado López, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por ser presuntos autores del delito contra la tranquilidad publica en la modalidad de organización criminal.

DAN CUENTA DE INGRESO DE DENUNCIAS

En la sesión, Camones Soriano dio cuenta del ingreso de tres denuncias constitucionales. Una de ellas es la denuncia constitucional (DC) 051 (Ex 387), formulada por el ciudadano Víctor Manuel Otoya Petit contra ex miembros del Tribunal Constituciona (TC)l, Marianella Ledesma Narváez, Eloy Espinoza Saldaña Barrera, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Ernesto Blume Fortini; por la presunta infracción de los artículos 38, 51, 106, 138 y 201 de la Constitución.

Otra es la D.C. 052 (Ex 388) formulada por el ciudadano Víctor Manuel Otoya Petit contra la exintegrante del TC, Marianella Ledesma Narváez, por presunta infracción del artículo 201 de la Constitución y los presuntos delitos de falsedad genérica y usurpación de funciones, tipificados en los artículos 438 y 361 del Código Penal, respectivamente.

Finalmente, se dio cuenta del ingreso de la DC 131 formulada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra la excongresista Rosario Paredes Eyzaguirre, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, previsto en el artículo 382 del Código Penal.

AUDIENCIA

En la sesión también se realizó la audiencia relacionada con la DC 021, presentada por el ciudadano Inocente Milquiades Vigo Estrada, contra los exjueces supremos de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema Ángel Romero Díaz, Carmen Cabello Matamala, Carlos Calderón Puertas, José Felipe de la Larra Barrera y Denis Céspedes Cabala, por la presunta comisión del delito de prevaricato, previsto en el artículo 418 del Código Penal.

La presidencia otorgó un plazo de 5 días hábiles contados desde mañana martes 20 hasta el próximo martes 27 para que la congresista delegada María Jáuregui Martínez (RP) presente el respectivo informe final con las conclusiones y recomendaciones del caso.

NUEVO DELEGADO

Con 20 votos a favor y 2 abstenciones, la congresista Susel Paredes (ID) fue designada como nueva delegada de la DC 240 formulada por el exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, contra la excongresista Luciana León Romero por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación.

La congresista Noelia Herrera tuvo a su cargo la elaboración del informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas que fue presentado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

OFICINA DE COMUNICACIONES