En su undécima sesión ordinaria, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Américo Gonza Castillo, (PL), aprobó dos dictámenes que reducen el tiempo para acceder a una pensión por alimentos e incorpora trabajadores penitenciarios a su carrera especial.

El dictamen recaído en el Proyecto de Ley 2209/2021, fue aprobado por unanimidad (14 votos) con la finalidad, en palabras de Gonza Castillo, de “viabilizar los procesos de alimentos a fin de reducir el tiempo y evitar tramites innecesarios, para que el beneficiario pueda acceder a una pensión de alimentos lo más pronto posible”.

El mencionado dictamen propone la Ley que modifica el Código Procesal Civil, respecto al acceso de oficio a información en línea sobre la capacidad económica del demandado, se aprobó y para ello se modificó el artículo 564 del Código Procesal Civil.

Dicho artículo precisa el acceso de oficio, a información en línea sobre la capacidad económica del demandado, y por el cual el “juez, de oficio, accede en línea a los sistemas de información automatizados (planilla electrónica)” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, (MTPE), de la Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

Esta acción permitirá extraer “en tiempo real la información sobre el centro de trabajo del demandado, su remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier suma de libre disponibilidad que provenga de la relación laboral de éste y, de ser el caso, obtiene información sobre la actividad comercial o profesional y sobre la renta mensual que perciba por aquellas, así como las declaraciones juradas de renta anual que hubiera realizado por estas actividades”.

A iniciativa de la congresista Gladis Echaíz de Núñez Izaga, (RP), durante la votación quedó establecido que queda a cargo de la redacción la incorporación de solicitud de información bancaria.

Por otro lado, el segundo dictamen aprobado, también por unanimidad, (15 votos), es el recaído en el Proyecto de Ley 2185/2021, que incorpora, previo concurso de méritos, al personal penitenciario de los Decretos Legislativos 276 y 1057, al régimen laboral de la Ley 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.

En este caso, Justicia y Derechos Humanos, es la segunda comisión dictaminadora, ya que la principal es la Comisión de Presupuesto y Cuenta general de la República.

Mediante esta iniciativa, se autoriza esta incorporación “únicamente para las áreas de desempeño laboral de seguridad penitenciaria y tratamiento penitenciario contempladas en los incisos 1 y 2 del artículo 8 de la citada Ley”.

En su artículo segundo se establece que estos procesos deben tener “como referente los lineamientos previstos en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento”. Con ello, se permitirá “la incorporación progresiva y voluntaria del personal penitenciario” referido.

CUARTO INTERMEDIO

Con el fin de continuar con su análisis y solicitar nuevas opiniones técnicas, el titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, aceptó la propuesta de pasar a un cuarto intermedio dos predictámenes.

El primero es el recaído en el Proyecto de Ley 2881/2022, que propone la Ley que modifica el artículo 8 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para incorporar el tipo de violencia digital; y el segundo el recaído en el Proyecto de Ley 098/2021, Ley que crea la Escuela Nacional del Ministerio Público.

ARCHIVAMIENTO

Los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobaron el desistimiento y respectivo archivamiento de seis predictámenes.

El primero fue el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 2455/2021-CP, que propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo 120, Ley Orgánica del Archivo General de la Nación, mediante la cual se solicitaba darle a esta entidad funciones que son “estrictamente reconocidas y exclusivas de los notarios”. La votación fue de doce votos a favor, cero votos en contra y una abstención.

El segundo archivado por unanimidad (13 votos, fue el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 0126/2021, que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de centros penitenciarios en zonas rurales aisladas de la selva.

En esta votación resaltó la singularidad del voto de la congresista Gladys Echaíz de Núñez Izaga, (RP), quien votó a favor del dispositivo con cargo a la creación de una comisión multipartidaria para analizar el tema de los penales.

El tercero, por unanimidad de 12 votos, fue el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 0200/2021-GL, que modifica el artículo el artículo 279-G del Código Penal – fabricación, comercialización, uso o porte de armas.

El cuarto fue el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 502/2021, que sanciona con cadena perpetua todas las modalidades del delito de feminicidio. Fue archivado por unanimidad (13 votos).

El quinto, con el voto unánime de doce votos, fue el predictamen recaído en el Proyecto de Ley 1489/2021, que propone la Ley que modifica el artículo 88-A del Código Penal Peruano, Ley que establece la imprescriptibilidad de la acción penal para el delito de feminicidio.

El sexto fue el predictamen recaído en los Proyectos de Ley 1757/2021, 1511/2021 Y 1346/2021, que propone la Ley que autoriza el cambio de prenombre a fin de proteger la dignidad personal y garantiza la libre elección del orden de prelación de los apellidos. Archivado de forma unánime de catorce votos.

OFICINA DE COMUNICACIONES