La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó por mayoría, el dictamen de insistencia respecto de las observaciones del Ejecutivo a la autógrafa del Proyecto de Ley 2970/2022-CR, que propone modificar el artículo 32 de la Ley de Organizaciones Políticas, para consolidar el financiamiento transparente de la actividad partidaria.

La aprobación  realizada en la sesión del martes 22, dirigida por su presidente, congresista Hernando Guerra García (FP), se efectuó con trece votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones,

Al sustentar la propuesta Guerra García dijo que la observación a la autógrafa gira en torno al rol subsidiario de la actividad empresarial del Estado. “En suma, el presidente de la República considera que la modificación al artículo 32 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, quiebra el principio de subsidiariedad en la actividad del Banco de la Nación”.

Precisó que la  modificación del artículo 32 de Ley de Organizaciones Políticas, no quiebra los mencionados principios, al permitir a la banca privada ser receptores de los aportes privados de las organizaciones políticas, es decir, no establece obligación alguna a las organizaciones políticas de contratar con el Banco de la Nación, su actuación como depositario del financiamiento privado –al igual que del público, actualmente- es residual y tiene como finalidad la de brindar un mecanismo alternativo a las organizaciones políticas para el cumplimiento del deber de bancarización de los aportes por mandato de la normativa electoral.

La propuesta dispone que las organizaciones políticas están obligadas a abrir las cuentas necesarias en el sistema financiero nacional, debiendo las entidades financieras atender dicha solicitud, conforme a la normativa correspondiente.

Asimismo, el Banco de la Nación tiene la obligación de abrir las cuentas que soliciten las organizaciones políticas, para fondos partidarios provenientes del financiamiento privado.

MEJORES LEYES

Un amplio debate se generó en torno al Predictamen recaído en los Proyectos de Resolución Legislativa del Congreso 559, 2066, 2752, 2917 y 2963, que propone crear la Oficina de Estudios Económicos e Impacto Regulatorio del Congreso de la República, con el propósito de mejorar la calidad de las leyes.

El congresista Wilson Soto (AP) observó el agregado que se propone al artículo 77, el cual precisa que “No se puede agendar ni debatir ningún proyecto de dictamen que no tenga informe de la Oficina de Estudios Económicos e Impacto Regulatorio, salvo lo dispuesto en el artículo 78”.

“A mí como congresista no se me puede impedir; pero, debemos contar con personal especializado para poder realizar una adecuada propuesta legislativa”, dijo el legislador al tiempo de opinar que de crearse la Oficina de Estudios Económicos e Impacto Regulatorio “esta oficina, en un futuro, se puede politizar y puede decidir este proyecto de ley va y este no va”.

“Está oficina no puede ser usada para fines políticos”, observó la congresista Flor Pablo Medina, al tiempo de considerar positivo que los funcionarios que la conformen sean técnicos especializados que ingresen por concurso de méritos y ser técnicos.

Arturo Alegría García (FP) dijo que la nueva oficina no intenta suplir ni limitar las atribuciones que se tiene, sino que busca mejorar la calidad y la información que cada congresista debería tener antes de emitir un juicio que se traslada al voto en el Congreso de la República

Para el legislador Bernardo Quito Sarmiento (PL)  debería tener un carácter de asistencia técnica, tanto en la elaboración de los proyectos como en la elaboración del predictamen en las comisiones; pero, no debería ser vinculante.

El tema fue discutido con la participación de especialistas en la metateria.

SUSTENTAN PROYECTOS DE LEY

En la sesión el congresista Wilson Soto Palacios sustentó el Proyecto de Ley 3153/2022- CR, que propone modificar los literales a y b del artículo 29 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para incluir prohibición de gastos por financiamiento público directo.

Sostuvo que la propuesta tiene por objeto modificar los incisos a. y b. del artículo 29 de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para incluir la prohibición de gastos por financiamiento público directo, con la finalidad de incluir prohibiciones a la utilización de los fondos otorgados a los partidos políticos y de evitar el despilfarro de los recursos que provienen del Presupuesto General de la República.

Para ese efecto, se propone modificar el artículo 29 sobre financiamiento público directo, el cual destina hasta el 50% de financiamiento público directo recibido, para ser utilizado en actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de estas.

“Queda prohibido el pago de honorarios a los profesionales, consultorías o contratación de servicios o adquisición de bienes a los afiliados, simpatizantes o cualquier persona que tenga vínculo directo o indirecto con el partido político, sus afiliados o simpatizantes; así como el pago de montos que exceden los precios del mercado. Cualquier gasto realizado contra devolución de lo íntegramente recibido por el partido político”, agrega la modificatoria dijo el legislador.

Posteriormente hizo lo propio la congresista María Córdova Lobatón, al sustentar el Proyecto de Ley 1607/2021-CR, que propone fortalecer el liderazgo de las mujeres mediante la modificación de los artículos 29 y 36 de la Ley de Organizaciones Políticas.

La parlamentaria dijo que se propone modificar el artículo 29 sobre financiamiento público directo, para precisar que “el 10% del financiamiento público directo recibido, debe ser utilizado en actividades de formación, promoción, capacitación, investigación, difusión continua de políticas mediante creación de plataformas y desarrollo del liderazgo político de las candidatas mujeres, jóvenes y minorías étnicas”.

Se busca promover la igualdad de oportunidades y allanar el camino para que más mujeres sean elegidas congresistas de la Republica y en los gobiernos regionales y locales en beneficio de la sociedad, añadió Córdova.

En otro momento, el congresista Luis Ángel Aragón Carreño sustentó el Proyecto de Ley 2585/2021-CR, que propone establecer responsabilidad política de los funcionarios del Poder Ejecutivo, frente al incumplimiento de ejercer la potestad reglamentaria de las leyes.

Finalmente, el congresista Jorge Coayla Juárez sustentó el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 2528/2021-CR, que propone modificar el segundo párrafo del artículo 87 del Reglamento del Congreso de la República.

OFICINA DE COMUNICACIONES