No podrán ser expulsadas, ni obligadas a salir del país, las mujeres migrantes con hijas e hijos en situación de vulnerabilidad que sean víctimas de violencia familiar y sexual, de trata de personas y tráfico ilícito de migrante; siempre y cuando, no sean responsables de dicha situación de vulnerabilidad.

El texto sustitutorio de la iniciativa legislativa, de autoría de la congresista María Jéssica Córdova Lobatón (Avanza País), fue aprobado por mayoría en la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la congresista María del Carmen Alva Prieto (AP).

La propuesta señala que Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus competencias, no podrán adoptar medidas restrictivas con relación a este grupo de mujeres y para ese efecto modifica el Decreto Legislativo de Migraciones y propone un plazo de 30 días calendario- a partir de la publicación de la ley -para que el Poder Ejecutivo adecúe el Reglamento del DL N° 1350.

Alva Prieto indicó que los Centros de Emergencia Mujer reportaron hasta octubre del presente año, la atención de 163 mil 797 mujeres migrantes víctimas de violencia familiar y sexual, según Migraciones.

La congresista María Cordero Jon Tay (FP) señaló que las estadísticas registraron en el año 2021, dos mil 435 casos de violencia contra personas extranjeras, de los cuales, más del 90 % fueron mujeres. En el presente año, hasta el mes de mayo, se han producido mil 167 casos de personas extranjeras.

La parlamentaria se manifestó de acuerdo con el otorgamiento de un mecanismo de protección a mujeres en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia familiar y sexual.

El congresista Carlos Ernesto Bustamante Donayre (FP) expresó su preocupación, por que no se incurra en abuso de la norma para aprovecharla y evitar que las deporten, y preguntó si hay medidas de control. Consideró que el tema de violencia no es tratado y la medida no tendrá utilidad en contra del abuso, por el contrario, abrirá una ventana para el abuso del derecho.

SUSTENTACIONES

Seguidamente, el congresista Bustamante Donayre sustentó su propuesta que tiene el objeto de regular el uso de los emblemas de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo, en todo el territorio nacional, tanto en su uso protector como en su uso indicativo.

Asimismo, plantea el establecimiento de medidas de prevención, control, sanción y vigilancia por uso indebido y la limitación de estos. En tal sentido dispone que, toda persona dentro del territorio nacional respete la integridad y la vida de la persona que se identifique como voluntario y/o servidor de la Cruz Roja Peruana.

Además, la protección a todo objeto que esté identificado con los emblemas de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo.

Lo propio hizo la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) sobre su Proyecto de Ley N° 3337/2022-CR, que propone contribuir a la imagen internacional del Estado peruano asegurando la idoneidad ética y moral de los embajadores de confianza y representantes ante organismos internacionales, de quien se haya desempeñado en puestos de alta dirección y responsabilidad de la administración pública, previo a su nombramiento como embajador de confianza o representante ante un organismo internacional por parte del Presidente de la República.

Durante la séptima sesión ordinaria, fue aprobada en forma unánime la incorporación del congresista Luis Cordero Jon Tay (FP) a la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Francia.

De otro lado, se dejó pendiente la elección de la fecha de realización de la sesión descentralizada sobre integración y desarrollo fronterizo en la ciudad de Tumbes, que inicialmente estaba previsto para el viernes 18 de noviembre la realización, pero habida cuenta del surgimiento de importantes temas, la congresista Alva Prieto indicó que se piensa en su reprogramación.

OFICINA DE COMUNICACIONES