La voluntad expresada en vida por una persona de donar sus órganos y/o tejidos solo podrá ser modificada por ella misma y no revocada por sus deudos o familiares, aprobó en forma unánime la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Américo Gonza Castillo (PL).

El dictamen, que recoge las propuestas de los congresistas Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País), Betssy Chávez Chino (PD) y de Alejandro Soto Reyes (APP), plantea la modificación de la Ley General de Trasplante de Órganos.

Gonza Castillo, dijo que la propuesta plantea una norma que precise y promueva la donación de órganos y complemente las vigentes.

SANCIÓN POR RETENCIÓN DE APORTES A ESSALUD Y PENSIONES

De la misma forma, el grupo de trabajo legislativo aprobó, unánimemente, el dictamen recaído en las propuestas de los congresistas Susel Paredes Piqué (ID) y de Gonza Castillo, el mismo que plantea establecer sanción penal para los funcionarios públicos y agentes privados que retienen, descuenten y desvíen a otro destino, los aportes a la seguridad social de los trabajadores del Estado.

Para ese efecto, el dictamen pertinente propone la modificación del Código Penal.

El congresista Jorge Morante Figari (FP) se manifestó de acuerdo con las iniciativas, porque ese problema es común en perjuicio de los trabajadores, a quienes se les descuenta de sus sueldos y no pueden atenderse en los centros de atención de EsSalud. Pidió ampliar el alcance de la propuesta a quienes retengan los pagos a pensiones.

Frente a la necesidad de un mayor debate sobre las propuestas que plantean modificar el Código Civil, para garantizar la libre elección del orden de prelación de los apellidos, el titular de la comisión optó por dejar el tema en cuarto intermedio para un mayor debate.

El dictamen recoge las propuestas de los congresistas Patricia Chirinos Venegas (Avanza País), Alejandro Soto Reyes (APP) y Betssy Chávez Chino (PD).

Antes, el congresista Víctor Flores Ruiz (FP) sustentó su propuesta de ley que plantea la pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años, para el primer párrafo e inhabilitación, conforme al artículo 36, inciso 7 y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años para el segundo párrafo e inhabilitación, conforme al artículo 36, inciso 7.

Adicionalmente, propone en el caso de que el agente no cuente con licencia de conducir, o el que posea no esté vigente, o se encuentre retenida, o suspendida, o es de una clase o categoría que no corresponde al vehículo motorizado que conduce, opera o maniobra.

Lo propio hizo el congresista Juan Burgos Oliveros (PP) sobre su propuesta que plantea transferir del Ministerio de Justicia al Poder Judicial, la gerencia en los centros Juveniles y órganos descentralizados para una administración más eficiente, respeto a sus derechos fundamentales y percepción de seguridad y tranquilidad social.

Durante la sesión, en el marco de una segunda sesión extraordinaria, la comisión escuchó la participación de juristas invitados para tratar sobre el contenido del anteproyecto del Nuevo Código Civil, propuesto por el grupo de trabajo creado mediante Resolución Ministerial Nº 0300-2016- JUS., para tratar sobre el Libro III de Derecho de Familia, y Libro IV Derecho de Sucesiones.

En representación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), concurrieron los juristas Manuel Alexis Bermúdez Tapia y Juan Zárate Del Pino.

Por el lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martin de Porres (USMP), concurrió el especialista Miguel Eduardo Ramos Miraval; y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el titular de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria, Carlos Luis Quispe Astoquilca.

OFICINA DE COMUNICACIONES