La Comisión de Constitución y Reglamento, que preside el congresista Hernando Guerra García (FP), aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 536/2021-CR, que propone la modificar el artículo 61 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

El acuerdo fue por mayoría con 17 votos a favor y 5 en contra.

Lo hizo en la sesión del martes 18, con la finalidad de que las facultades de ambos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) queden absolutamente claras.

“Ha habido modificaciones que se han hecho por decreto supremo y lo que se quiere evitar es que vuelva a ocurrir esto”, dijo Guerra García, respecto a la propuesta aprobada.

Al sustentar la iniciativa, sostuvo que se trata de un tema bastante sencillo y es que por una norma de carácter infra legal -como lo es un decreto supremo- no es posible modificar los elementos esenciales del Impuesto Selectivo al Consumo, pues este tributo se trata de un impuesto siéndole ajena las características de tasa o arancel.

Respaldándose en el artículo 74 de la Constitución que, para este efecto, desarrolla el principio de separación de poderes donde se establece de manera clara y fehaciente las competencias y atribuciones del Poder Legislativo, ya que solo por ley aprobada en el Congreso o vía decreto legislativo, en caso de delegación, los tributos se crean, modifican o derogan.

“Parece que es algo que olvidamos cuando se le ha dado atribuciones delegadas al Ejecutivo, pero las facultades para modificar derogar o crear tributos son de este poder del Estado. En cuanto al Poder Ejecutivo -que regula los aranceles o tasas- ellos se norman por decreto supremo”, añadió el legislador.

Enseguida dio detalles del contenido del dictamen. “Por Decreto Legislativo, en caso de delegación de facultades, se podrán modificar las tasas y/o montos fijos, así como los bienes contenidos en los Apéndices III y/o IV y que cualquier modificación a las tasas, montos fijos, bienes o sistemas de aplicación del impuesto deben efectuarse en base a informes técnicos que consideren el desenvolvimiento del consumo que genera la externalidad negativa que se pretenden combatir con el ISC”, puntualizó el legislador.

Tras advertir que no se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JPP) planteó una cuestión previa para que le dictamen tenga esa opinión o se invite a su titular a una sesión para los mismos efectos. Su pedido fue rechazado con 6 votos a favor y 16 en contra.

“Se sabe que el MEF tiene una opinión contraria porque el Ejecutivo pretende seguir administrando esto”, añadió el presidente de la comisión.

Por su parte, la congresista Lady Camones (APP) sugirió que se agregue en el texto el término por ley o por decreto legislativo a fin de que guarde concordancia con el artículo 74 de la Constitución Política. Esta sugerencia fue aceptada por la presidencia de la comisión.

PROYECTO DE RESOLUCION LEGISLATIVA

Tras un breve debate, el congresista Guerra García dijo que iba a pasar a mayor estudio el predictamen recaído en los Proyectos de Resolución Legislativa del Congreso 559, 2066, 2752, 2917 y 2963, que propone crear la Oficina de Estudios Económicos e Impacto Regulatorio del Congreso de la República.

SUSTENTAN PROYECTOS DE LEY

En la sesión fue sustentado el Proyecto de Ley 2355/2021-CR que propone modificar la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, que establece el voto de las personas privadas de su libertad procesadas sin sentencia en las elecciones generales, regionales y locales a cargo del congresista Pedro Martínez Talavera (AP).

El legislador dijo que lo que se pretende es dar la posibilidad a muchos que están internos en centros penitenciarios, pero que no han sido sentenciados, por lo tanto, al no tener sentencia efectiva no se les debe restringir del voto de la posibilidad de ejercer a su derecho del voto ciudadano en las elecciones regionales y generales y locales

Posteriormente, el congresista Luis Ángel Aragón Carreño (AP), sustentó el Proyecto de Ley 2911/2021-CR, que propone reformar el artículo 117 de la Constitución Política que permite acusar al presidente de la República por delitos contra la administración pública y por violencia de la libertad sexual.

El parlamentario dijo que con la modificatoria se busca introducir una nueva causal que permita acusar al presidente de la República durante su periodo por los delitos antes mencionados con el propósito de combatir los actos de corrupción.

Finalmente, se realizó la sustentación de la congresista Karol Paredes Fonseca (AP), autora del Proyecto de Ley 2647/2021-CR, que propone dejar sin efecto el Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, que modifica el estatuto de la Derrama Magisterial.

TITULARES DEL JNE Y ONPE

El congresista Hernando Guerra García dijo que se volverá a invitar a una próxima sesión a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones quienes habían sido citados en la fecha para que informan respecto de la aplicación de la Ley 31504, Ley que modifica la Ley 28094, Ley de organizaciones políticas, para establecer criterios
de proporcionalidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar los gastos e ingresos efectuados durante campaña y conductas prohibidas en propaganda electoral.

“Esto demuestra un desprecio por la labor de la comisión y del Congreso de la Republica. Es la tercera oportunidad que cursamos citación a pedido de una congresista. Para nosotros esto es inaceptable los funcionarios tienen la obligación de concurrir a las citaciones de las comisiones ordinarias”, dijo el legislador.

OFICINA DE COMUNICACIONES