Las municipalidades que lo requieran podrán solicitar la publicación de sus normas en el diario oficial El Peruano en su versión electrónica, lo que tendrá el mismo valor legal que las publicadas en su versión física. El plazo para su implementación no podrá exceder el año 2023.

Así lo establece el dictamen aprobado, con un texto sustitutorio, en forma unánime, por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que preside la congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País), en su sexta sesión ordinaria.

La propuesta, sustentada por la titular de ese grupo de trabajo, generará mayor accesibilidad de los ciudadanos al ordenamiento jurídico, garantizará la seguridad jurídica, reducirá los costos de procedimientos administrativos que requieren publicaciones en el diario oficial El Peruano y contribuirá con la modernización de la gestión del Estado al incentivar el uso de la tecnología de la información y comunicación, según la titular de la comisión.

La iniciativa -elaborada sobre la base del Proyecto de Ley N.° 872, presentada por la Municipalidad de Miraflores- no plantea la gratuidad del servicio de publicación, como lo proponía la comuna miraflorina, sino que únicamente le otorga el mismo valor legal a esta forma de publicación electrónica, cumpliendo el tarifario que establezca la empresa Editora Perú.

De otro lado, la comisión también aprobó, en forma unánime, la propuesta de ley que plantea disponer, tanto para los consejos regionales como para los concejos locales, por consistencia legislativa, que las partidas para asignar recursos deben establecerse en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de los gobiernos regionales y municipales.

Se trata del dictamen, con texto sustitutorio- que reúne las propuestas del congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP); y de los gobiernos regionales de Moquegua y Arequipa, que plantea la modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales a fin de fortalecer la capacidad de fiscalización de los consejos regionales a través de su financiamiento.

“Con ello se dotará de certeza en el otorgamiento de recursos. Se fija un porcentaje mínimo de uno por ciento y máximo de dos por ciento para asignar estos recursos respecto del monto de ejecución de la partida bienes y servicios del periodo anterior, en el caso de gobiernos regionales; y el de Foncomun e impuestos recaudados en el de municipalidades”, anotó la legisladora.

Explicó que las imprecisiones actuales de la norma vigente no permiten oportunidades y predictibilidad y que los gobiernos regionales y locales no pueden cumplir con sus funciones fiscalizadoras en forma adecuada. “De esta manera, desde un inicio se puedan evitar los actos de corrupción que tanto daño le hacen al país.

SUSTENTACIONES

En otro momento, sustentaron sus propuestas varios congresistas, entre ellos, la legisladora Rosangella Barbarán Reyes (FP), sobre su iniciativa que plantea modificar la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para fortalecer y hacer transparente la gestión edil.

Dijo que esa iniciativa implicará que mejore la transparencia en los gobiernos locales al establecer la obligatoriedad de los alcaldes a rendir cuentas ante el Consejo Municipal y la comunidad organizada.

Así mismo, el congresista Pasión Dávila Atanacio (BM-CP), sustentó su proyecto de ley que propone modificar la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales y la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, a fin de garantizar la transparencia e idoneidad en la asunción de los cargos de elecciones populares en los gobiernos subnacionales.

El congresista Guido Bellido Ugarte (PL) sustentó su propuesta que promueve la transparencia y la meritocracia de los procesos de selección por concurso público para acceder al servicio civil en las entidades públicas.

También lo hizo lo propio el congresista Alfredo Pariona Sinche (PL) sobre su iniciativa que propone fortalecer el gerenciamiento público en los gobiernos regionales y locales.

OFICINA DE COMUNICACIONES