El personal de salud que trabajó en la época más dura de la pandemia mediante un contrato CAS-COVID y docentes y auxiliares de las instituciones educativas públicas contratados fueron atendidos en sus demandas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República al aprobar sendas propuestas de ley destinadas a otorgar un justo reconocimiento a su labor en el país.

En efecto, el grupo de trabajo presidido por el congresista Héctor Acuña Peralta (APP), aprobó en forma unánime el dictamen que contiene las propuestas de los congresistas César Revilla Villanueva (FP) y de Elva Julón Irigoin (APP), plantean autorizar, excepcionalmente y por única vez, en el marco de la emergencia Sanitaria el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial y administrativo en el sector salud.

Al fundamentar el dictamen, Acuña Peralta, dijo que las consecuencias de la pandemia- calificada así por la OMS el 11 de marzo del 2020- terminaron por colapsar el débil y frágil sistema sanitario, con una infraestructura pública descuidada por décadas, que terminó por develar el hecho de ser uno de los países e ingreso medio con menos camas UCI con relación a su población, dejando 213 350 fallecidos.

“En medio de esa dramática situación se autorizó la contratación de personal CAS exonerado de concurso público”, señaló Acuña al tiempo de poner énfasis de que si bien la pandemia se ha contenido, se debe mantener las medidas de previsión ante cualquier amenaza.

El congresista Arturo Alegría García (FP) propuso agregar una disposición complementaria para el cumplimiento de la presente norma que se exima del requisito previsto en la Ley de Contratación Administrativa del Servicio, con lo cual se plantea que el proceso de contratación de personal CAS esté sujeto a una convocatoria de evaluación.

PUNTAJE ADICIONAL EN CONCURSOS

Seguidamente, fue aprobado por mayoría, la iniciativa legislativa de autoría de la congresista Francis Paredes Castro (BMCN), que plantea el otorgamiento de un puntaje adicional en los concursos públicos del sector Salud para 44 207 profesionales y técnicos para atender la contratación de personal CAS que trabajó en la pandemia de la COVID-19.

Acuña Peralta, durante la sustentación del dictamen dijo que, de acuerdo con el informe del MINSA, entre abril y diciembre del 2020, fueron contratados 44 207 profesionales y técnicos para atender la emergencia, lo cual ayudó a reducir el déficit de personal en el país y a combatir el virus. Indicó que este personal fue contratado hasta el presente año, pero con vigencia hasta junio del presente año.

El parlamentario relievó el esfuerzo y sacrificio del personal en referencia y consideró a la propuesta legislativa como un justo reconocimiento a su aporte durante la pandemia. Puesto al voto fueron diez a favor y cuatro abstenciones.

Durante la vigésima quinta sesión extraordinaria, también fue aprobada, en forma unánime, la iniciativa legislativa, de autoría de la congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JP), que propone incorporar al personal de Salud contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público en los alcances del artículo 6 de la Ley N.° 31436 que aprueba créditos suplementarios, el mismo que autorizó el otorgamiento de un bono de 1 500 soles.

En la referida norma no fueron considerados los trabajadores comprendidos en los DL N.° 276 y DL N.° 728, en los que están inmersos los servidores del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses del Ministerio Público. “Lo que se trata es subsanar esta omisión”, dijo Peralta Acuña, durante la sustentación del dictamen.

CTS DE DOCENTES

Finalmente, fue aprobado por mayoría, 13 votos a favor y una abstención, el dictamen que comprende las propuestas de los congresistas Alex Paredes Gonzales (BMCN), Wilson Quispe Mamani (PL), Alfredo Pariona Sinche (PL ) y Alejandro Soto Reyes (APP ), que propone modificar el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios de los docentes nombrados contratados y auxiliares de educación de las instituciones educativas públicas.

El dictamen correspondiente tiene el objetivo de incrementar la base de cálculo de la CTS frente a una “clara discriminación en contra del magisterio frente a otros servidores del sector estatal que reciben por ese concepto el ciento por ciento de una remuneración mensual por año y fracción”.

Durante la fundamentación, Acuña Peralta señaló que existe la norma legal correspondiente que sostiene el pedido de los miembros del magisterio nacional.

OFICINA DE COMUNICACIONES