La Comisión de la Mujer y Familia aprobó -con 8 votos a favor, uno en contra y una abstención- establecer la admisión y otorgamiento de medidas cautelares de forma óptima respecto a pretensiones de alimentos, régimen de visitas, tenencia, suspensión de patria potestad, acogimiento familiar, entre otros, a efectos de perfeccionar la Ley 30364 que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La presidenta del grupo de trabajo, congresista Elizabeth Medina (PL), explicó que lo que se busca con la futura modificación legal es que en cualquier estado del proceso, a solicitud de la víctima o de la parte denunciante, el juzgado de familia evalúa el dictado de medidas cautelares.

Por excepción y en resolución debidamente motivada, el juzgado de familia podrá dictar medidas cautelares de oficio. No proceden medidas cautelares cuando existan conciliaciones, sentencias judiciales o procesos judiciales en trámite sobre las mismas pretensiones.

La norma también precisa que en el caso de medidas cautelares que involucren los intereses de niños, niñas y adolescentes, se deberá requerir la inmediata evaluación psicológica e informe social de todos los interesados, salvo que, por las circunstancias especiales del caso, el juez, en resolución debidamente motivada, prescinda de dichos informes.

Para el dictado de las medidas cautelares el juez deberá tener en cuenta el riesgo adicional creado por el hecho de violencia, la necesidad de la medida cautelar y las circunstancias especiales del caso, que incluyen la existencia de antecedentes judiciales, conducta de las partes, contradicciones relevantes en las declaraciones, entre otros aspectos vinculados a la norma.

Durante el debate intervino la congresista Ruth Luque Ibarra (CD-JP), señaló que algunos aspectos señalados ya están regulados en las normas legales vigentes, pero su colega Pedro Martínez Talavera (AP), autor del PL 1469/2021, señaló que sí urge proteger a los grupos familiares que son víctimas de violencia.

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