El Pleno del Congreso decidió rechazar la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, a los que el Ministerio Público acusaba de pertenecer a la red delincuencial del expresidente de Áncash, César Álvarez.

La solicitud requería del voto calificado de más de la mitad legal de congresistas, es decir 66 votos. En el caso de Benítez, 50 congresistas se pronunciaron a favor, 23 votaron en contra y seis se abstuvieron. En el caso de Crisólogo, 50 votaron a favor, 25 votaron en contra y cinco se abstuvieron.

Los mayores críticos de los acusados fueron los representantes de las bancadas de Fuerza Popular (Luz Salgado, Héctor Becerril, Martha Chávez), Concertación Parlamentaria (Javier Velásquez y Mauricio Mulder) y PPC-APP (Javier Bedoya), quienes argumentaron que debería ser en el Poder Judicial donde los acusados deberían probar su inocencia.

En el bando contrario se colocó el nacionalista Santiago Gastañaduí, quien argumentó que  el Congreso era el garante de la inmunidad parlamentaria y que no estaban probados los cargos contra los citados congresistas.

Durante el debate, Heriberto Benítez (NoA) afirmó que la acusación fiscal vulnera el debido proceso porque jamás le tomaron su declaración, se aportaron pruebas después de que se entregara el expediente y la acusación se basó en declaraciones de un testigo que luego se desdijo, entre otras irregularidades. Dijo también que el promotor de la acusación fue su accesitario.

La acusación fue presentada por el presidente de la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria, Martin Rivas. En el expediente se acusaba a Benítez por los delitos de asociación ilícita para delinquir, delito de receptación, delito de violencia contra la autoridad y delito de encubrimiento real.

En el caso del congresista Crisólogo, se le imputaba los delitos de asociación ilícita para delinquir, el delito de receptación y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.

Las acusaciones contra ambos se derivaban del caso La Centralita, en la que el principal acusado era el expresidente regional de Áncash, César Álvarez. Sin embargo, Benítez aseguró que no están probadas ninguna de las acusaciones y dijo que jamás impidió la intervención fiscal, pues el allanamiento del local se produjo.

Señaló que se limitó a denunciar a los fiscales por carecer de una orden de allanamiento de su domicilio, que se encontraba en el mismo lugar. Crisólogo brindó los mismos fundamentos. 

Benítez solicitó una cuestión previa argumentando que ya el Pleno había votado el caso cuando lo suspendió por 120 días y consideró que eso constituía una confirmación de que se trataba de un delito de función, por lo que no podía ser juzgado, a la vez, por un delito penal.

Al final, el Pleno rechazó la solicitud de levantamiento solicitada por la Corte Suprema.

PRENSA-CONGRESO*

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