El Pleno del Congreso aprobó la insistencia de la autógrafa que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo como organismo encargado del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

También la norma que transforma los Ceticos en Zonas Económicas Especiales de Desarrollo y la que establece la condición militar de los oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas. Y la que recupera la denominación original del distrito de Ihuayllo en Apurímac.  

En el primer tema, el presidente de la Comisión de Constitución, Freddy Otárola (GP) afirmó que el país debía adecuarse a la normativa internacional contra la tortura y que no deben volver a repetirse casos como los de la época fujimorista, en la que se produjeron numerosas desapariciones.

Con respecto a las observaciones del Ejecutivo, indicó que no tenían sustento porque se referían a asuntos presupuestales que corrían a cargo de la propia Defensoría del Pueblo, que es un organismo autónomo de acuerdo a ley.

Martha Chávez (FP) calificó el proyecto de reiterativo argumentando que la Constitución de 1993 le otorga facultades a la Defensoría para ver los temas de tortura y que se incurría en una infracción constitucional al señalar que la ley entraba en vigencia a partir de enero de 2015, porque las leyes no son retroactivas.

Otárola respondió señalando que las leyes entran en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, razón por la que no veía ninguna infracción y pidió que se pase al voto. La norma fue aprobada por 78 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.

NUEVOS CETICOS

La representación nacional también desarrolló un amplio debate sobre el proyecto que establece un nuevo marco para la inversión privada en los Ceticos, amplía los beneficios tributarios hasta el 2042 y cambia su denominación por el de Zonas Económicas Especiales de Desarrollo.

Gabriela Pérez del Solar (CP), presidenta de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, defendió el dictamen argumentando que la nueva denominación es similar a la de otras zonas similares en diversas partes del mundo y que se busca mejorar la competitividad de esos organismos, ampliando los beneficios tributarios hasta el 2042.

Natalie Condori (DyD) afirmó que el proyecto se trabajó a lo largo de tres años y que su aplicación traerá beneficios a los pueblos de Tumbes, Paita, Ilo, Matarani, Tacna y Loreto, donde se ubican las instalaciones de estas zonas especiales, en las que es necesario mejorar la infraestructura y crear puestos de trabajo.

Manuel Dammert (AP-FA) cuestionó que los Ceticos pasen de manos de los gobiernos regionales al control del MEF y advirtió del peligro de que se conviertan en meros depósitos de mercaderías importadas, como consecuencia de la liberalización de la economía que permite la importación de productos con tasa cero de arancel.

Por ello, planteó una cuestión previa para que el proyecto vuelva a comisión, pero el pedido no fue aceptado. Pérez del Solar dijo que se mantiene la relación con los gobiernos regionales y aceptó incorporar proyectos de Fernando Sarmiento y Karla Schaefer (FP). Tras ello se pasó a la votación. El proyecto recibió 73 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Fue exonerado de segunda votación.      

OFICIALES DE RESERVA

El Pleno también respaldó la insistencia de la autógrafa observada por el presidente de la República y que propone establecer la condición militar de los oficiales de reserva de las Fuerzas Armadas.   

El presidente de la Comisión de Defensa, Emiliano Apaza (GP) afirmó que las observaciones referidas a aspectos presupuestales están subsanadas porque las partidas provendrán de la Ley de Movilización.  Por su lado, María Luisa Cuculiza dijo que la aprobación de la norma, que recibió 85 votos a favor y ninguno en contra, rinde homenaje a la Reserva Nacional cuya fecha se recuerda el 3 de diciembre.

DISTRITO DE IHUAYLLO

El Pleno también sancionó la norma que restituye su denominación al distrito de Ihuayllo, de la provincia de Angaraes, en Apurímac, que había sido cambiada por un error de redacción del Ejecutivo de hace más de 50 años, en la que se le quitó la i inicial por lo que el distrito quedó registrado como Huayllo.

Verónika Mendoza AP-FA), presidenta de la Comisión de Descentralización respaldó la aprobación de la norma, indicando que se trata de rescatar la identidad y la historia de un pueblo, que se vio afectado por un error del Ejecutivo. Tras la intervención de diversos congresistas en favor del proyecto, el dictamen fue aprobado.

CASO RUIZ

El pedido de reconsideración de la votación que impidió que el congresista Wilder Ruiz fuera suspendido por 120 días y que fuera planteado por el vocero de la bancada nacionalista, Hugo Carrillo, no mereció el respaldo de la mayoría de las bancadas parlamentarias.

El pedido requería de la mitad más uno del número legal de congresistas, es decir 66 votos. Pero solo recibió 59 votos a favor. Votaron en contra de la reconsideración 10 congresistas y 16 se abstuvieron.

PRENSA-CONGRESO*

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