El caso de la denuncia constitucional contra la excongresista, Yesenia Ponce, vinculada a información falsa sobre sus estudios en su hoja de vida, tendrá su desenlace en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dentro de cinco días hábiles, al cumplirse el plazo que a partir de hoy tiene el congresista Hernando Guerra-Garcia (FP) para presentar el informe final.

A la excongresista, Yesenia Ponce, se la denuncia por presunta infracción del artículo 38 de la Constitución Política, y por la probable comisión de los delitos de cohecho activo genérico (artículo 397 del Código Penal), tráfico de influencias ( artículo 400 del Código Penal), falsificación de documentos (artículo 427 del Código Penal) y falsedad genérica (artículo 438 del Código Penal).

Hoy justamente se realizó una audiencia pública en la cual el congresista ponente de la denuncia, Hernando Guerra-García (FP), explicó que el caso Yesenia Ponce data desde 2018 cuando la Comisión de Ética aprobó el informe que declara fundada la denuncia contra la exparlamentaria y luego fue la entonces presidenta de esa comisión especial, Janet Sánchez Alva, quien presentó la correspondiente denuncia constitucional.

Los fundamentos que sustentan la denuncia constitucional contra la excongresista Ponce están en el hecho que ella -a través de terceros- tramitó un depósito bancario de diez mil soles a la cuenta del ahora exdirector de la Institución Educativa Mariscal Toribio de Luzuriaga, a cambio de la elaboración de falsos certificados de estudios de educación básica.

Además, se le atribuye a la exlegisladora quien -a través de terceros- ha enviado dádivas tanto al expresidente de la Comisión de Ética como para uno de sus trabajadores.

“Existen los elementos suficientes que configurarían el delito de falsificación de documentos (serían los certificados de educación básica). Ha habido un pedido para que se falsifiquen estos documentos. Ha habido cohecho activo genérico y con el depósito bancario de los diez mil soles, así como las dádivas y la falsedad genérica constituirían las pruebas que devendrían en una infracción constitucional”, señaló el parlamentario.

De acuerdo al acta de constatación de la Comisión de Ética, fue el pasado 17 de enero de 2017, que la promotora del instituto Educativo Niño de Belén dijo no reconocer el certificado de estudios número 46486, «porque sería imposible que durante los años 1995 y 1996 alguien hubiese estudiado secundaria en ese colegio debido a que no tenía autorización de funcionamiento para el nivel secundaria».

En su momento, la excongresista Yesenia Ponce replicó que la referida denuncia -y otras acumuladas sobre los mismos hechos- se encuentra en la Segunda Fiscalía en lo Penal.

“Hago ejercicio de mi derecho al silencio porque estoy en Áncash y las investigaciones siguen en Huaraz, Puente Piedra y ahora en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Creo que esta investigación debería seguir su curso en el Ministerio Público», arguyó Ponce.

Luego, la congresista y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosio Torres Salinas, notificó al congresista Guerra-García que se le concede el plazo de cinco días hábiles para presentar su informe final.

AUDIENCIAS RESERVADAS

Posteriormente, en sesión reservada, se llevó a cabo la audiencia de la denuncia constitucional 196 (ex 451) formulada por la Fiscal de la Nación; contra el expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero y, alternativamente, negociación incompatible, y obstrucción a la justicia, tipificados en los artículos 400, 387, 399 y 409A del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado.

En esta denuncia también están comprendidas las exministras de Cultura, Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios, Ulla Sarela Holmquist Pachas, y Sonia Elizabeth Guillén Onneglio, por la probable comisión del delito de peculado doloso por apropiación para tercero agravado, tipificado en el segundo párrafo del artículo 387 del Código Penal, en agravio del Estado.

En representación del expresidente Martín Vizcarra Cornejo participó -en la audiencia reservada- su abogado defensor, Jonathan Joel Correa Arias.

Antes -igualmente de manera reservada- se llevó a cabo la audiencia de la denuncia constitucional 171 (ex 143) formulada por el ciudadano Guillermo Sandoval Aguilar contra el exconsejero del ahora desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido César Águila Grados, por la presunta comisión del delito de estafa, tipificado en el artículo 196 del Código Penal.

La denuncia constitucional alcanza también a los exconsejeros del desaparecido CNM, Orlando Velásquez Benites, Sergio Iván Noguera Ramos, Hebert Marcelo Cubas, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Segundo Baltazar Morales Parraguez, Elsa Maritza Aragón Hermoza Del Cortijo y Pablo Rogelio Talavera Elguera, por la probable comisión del delito de discriminación, tipificado en el artículo 323 del Código Penal.

OFICINA DE COMUNICACIONES