La Comisión de Fiscalización y Contraloría escuchó el viernes 11 a la ex ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, y al ex jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Omar Trujillo, en el marco de las investigaciones por los hechos relacionados o ligados, directa o indirectamente a la pandemia COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional, desde la entrada en vigencia hasta el 26 de julio de 2022.

El fin es analizar la existencia o no de presuntas conductas culposas o dolosas ocasionadas por comportamientos irregulares, indebidos o negligentes por parte de altos funcionarios, autoridades y/o servidores públicos, personas naturales y/o jurídicas, incurridos presuntamente por el pésimo manejo de la emergencia sanitaria nacional que ocasionó la pérdida de miles de vidas humanas,

En primera instancia se presentó ante el grupo de trabajo, que preside el congresista Héctor Ventura Ángel (FP), la ex titular del Minsa, Elizabeth Hinostroza Pereyra, quien detalló que durante su gestión se aprobó el Plan nacional de preparación y respuesta ante riesgo de introducción del coronavirus, debido a que el 30 de enero de 2020 la OMS declaró el brote del nuevo coronavirus como una emergencia internacional.

Añadió que el plan se elaboró de acuerdo a las últimas recomendaciones de la OMS teniendo como finalidad reducir el impacto sanitario, social y económico ante la potencial introducción en el país del nuevo coronavirus.

Indicó que como consecuencia de este plan nacional, se emiten diversas resoluciones ministeriales para la implementación del mismo como el protocolo para la atención de personas con sospecha o infección confirmada por coronavirus y se precisa el diagnóstico por prueba molecular.

Al respecto, el congresista Alberto Morante Figari (FP) consultó si se planteó la necesidad de fortalecer el abastecimiento de oxígeno en los hospitales, toda vez que fue una necesidad de la población frente a la infección de COVID-19.

En la misma línea, el legislador Raúl Picón Quedo (APP) indagó si se planificó la adquisición de plantas de oxígeno, la implementación de camas UCI, que ha sido una de las razones por las que muchas personas fallecieron.

“Sabemos que muchas plantas de oxígeno se han comprado a iniciativa propia de la población con aportes voluntarios”, recordó.

Por su parte, Enrique Wong Pujada (PP) indagó si el plan aprobado contemplaba medidas de identificación y rastreo en todo el territorio nacional.

Al respecto, Hinoztroza señaló que todas esas medidas estaban contempladas en el plan de acuerdo a los lineamientos de la OMS porque –dijo- era sumamente importante identificar los casos y hacer un cerco de contención potente para evitar la rápida propagación del virus.

Agregó que los hospitales son unidades ejecutoras y tienen un presupuesto por lo que los mismos directores de los hospitales han tenido que reportar el número de camas UCI de todo el país.

“Son temas que se han desbordado. Yo ingresé en la primera parte del sistema, pero ya no ha sido mi gestión todo lo que ha pasado después”, puntualizó.

Por su parte, Omar Trujillo Villarroel, ex jefe del INS, indicó que estuvo en el cargo desde el 17 de febrero hasta el 22 de marzo de 2020 y hasta el cese de su cargo el estándar era aplicar pruebas moleculares, pero entre los días 19 al 21 de marzo de ese año, se aceleraron los procesos de especificaciones técnicas para la adquisición de pruebas rápidas en base a los escenarios epidemiológicos.

Seguidamente, el presidente de la comisión, Héctor Ventura Ángel (FP), consultó por la orden y disposición de utilizar las pruebas rápidas. Sobre el tema, el exjefe de INS sostuvo que mediante oficio N.° 100, del 19 de marzo de 2020, emitido por el Centro de Control de Enfermedades del Viceministerio de Salud Pública, se comunica la utilización de las pruebas rápidas para diagnosticar la COVID-19 como pruebas complementarias.

“Al no existir las suficientes pruebas moleculares, se optó por las pruebas rápidas”, manifestó.

OFICINA DE COMUNICACIONES