El proyecto de ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, no alcanzó, en segunda votación, el respaldo de 87 congresistas. La votación fue de 83 votos a favor, 26 en contra y 5 abstenciones. Se trata de una propuesta de enmienda constitucional que fue aprobada en primera votación por el Congreso anterior 2020-21 el pasado 31 de mayo del año anterior.

La titular del Parlamento Nacional, Maricarmen Alva Prieto, informó a la Representación Nacional que corresponderá al Consejo Directivo evaluar el procedimiento a seguir.

El proyecto pretende modificar el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política en los términos siguientes:
«Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional».

«Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento sólo puede efectuarse a pedido del juez, de la fiscal de la Nación, de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado y del Contralor General de la República respecto de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste, en los tres niveles de gobierno, en el marco de una acción de control, así como del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para los fines específicos de la inteligencia financiera».

Antes de la votación, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez Gallegos (FP), dijo que urge materializar las reformas constitucionales que tienen por objeto luchar contra la corrupción, así como para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación.
Y en razón que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la «cuarta legislatura del periodo de sesiones 2021-22, esta debe ser sometida a la segunda votación en esta legislatura», indicó.

Durante el debate intervino Susel Paredes Piqué (NA), quien dijo que esta proposición «busca fortalecer a la Contraloría para salvaguardar la reserva de la información obtenida», mientras que su colega Katy Ugarte Mamani (PL), indicó que el secreto bancario y reserva tributaria se encuentran protegidos por la Constitución. «En tal sentido, con esta iniciativa, sí puede ser levantada», manifestó.

Germán Tacuri Valdivia (PL), opinó en contra de la propuesta, mientras que Édgar Reymundo Mercado (JP), señaló que la propuesta es una herramienta que ayuda a castigar a los malos funcionarios.

Se rechazó la cuestión previa planteada por el congresista Flavio Cruz Mamani (PL), el cual planteaba que el tema retorne a la Comisión de Constitución para un mayor estudio, «porque no me parece que la Contraloría sea la institución que tenga facultades de levantar el secreto bancario», dijo.

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