La Comisión de Educación aprobó insistir en las autógrafas que declaran de interés nacional la creación de universidades públicas y filiales que hayan obtenido licenciamiento institucional así como la promueve el retorno seguro a las clases presenciales y semipresenciales previsto para fines de marzo.

Fue durante la sexta sesión extraordinaria de ese grupo de trabajo legislativo presidido por el congresista Esdras Medina Minaya (RP).

Los congresistas de distintas bancadas reclamaron al gobierno de Pedro Castillo Terrones, por haber devuelto al Congreso dos leyes aprobadas por la Representación Nacional que tienen por finalidad mejorar el proceso educativo a nivel nacional.

La primera autógrafa plantea declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de universidades públicas y filiales descentralizadas en cada departamento del país, que hayan obtenido el licenciamiento.

El Poder Ejecutivo observó esta iniciativa legal por considerar que contraviene el marco legal que ha establecido una moratoria de un año para la creación de nuevas universidades públicas.

Herrera Medina, consideró que no caben observaciones a esta propuesta porque es declarativa. “Más parece que no se quieren hacer las cosas”, comentó. Puesto al voto, el dictamen de insistencia fue aprobado por mayoría.

La segunda propuesta, cuya insistencia también fue aprobada multipartidariamente, plantea declarar “la mejora de la educación como parte esencial del derecho a una educación con calidad, inclusiva y equitativa, que promueve oportunidades de aprendizaje en forma permanente”. Y promueve medidas para garantizar un retorno progresivo a las clases presenciales y semipresenciales de ocho millones de educandos a nivel nacional, previsto para el 28 de marzo próximo.

Karol Paredes Fonseca (AP) no salía de su asombro que el gobernante, de profesión maestro de escuela, se haya negado a promulgar esta ley declarativa.

De otro lado, se sustentaron tres proposiciones por parte de los legisladores Álex Paredes (PL), Pedro Martínez (AP) y Raúl Picón (APP), referidos a la incorporación del profesional obstetra en la comunidad educativa, la modificación de la Ley Universitaria para que no haya límite de edad para el cese de un docente y para que no haya tope de edad cronológica para que un profesor universitario dicte clases, respectivamente.

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