La Comisión de Fiscalización y Cuenta General de la República asume la bandera del control concurrente en todos sus beneficios y objetivos en la lucha contra la corrupción, expresó el presidente de ese grupo de trabajo legislativo, Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), durante el primer evento descentralizado realizado en la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque.

“Estoy seguro de que las autoridades se van a sentir mucho más protegidas y van a tomar acciones. Muchas veces la inacción es porque no quieren verse inmersos en una serie de procesos judiciales, que lo único que hacen es dañarles la vida a ellos”, sostuvo al destacar la importancia de esta modalidad de supervisión.

Aguinaga Recuenco señaló que él mismo tiene experiencia en esos procesos, como en el caso de las esterilizaciones forzadas, en el que hubo ocho archivamientos, pero que continúan los procesos. “Es necesario hacer una reforma de justicia y hacer que se cumplan los tres principios: la presunción de la inocencia, la imparcialidad en los jueces y el debido proceso”, afirmó.

Antes, indicó que la corrupción ha ocasionado al Estado una pérdida de más de 22 millones de soles, según cálculos de la Contraloría, y que la pandemia, que debió unirnos a todos los peruanos en contra del virus, no detuvo ese tipo de delito en contra del país.

“Estamos convencidos de que el control concurrente es la herramienta con la cual se podrá atenuar la corrupción que produce una violación de la expectativa de la población, que desconfía de sus autoridades”, afirmó.

“Cuando vemos que hay una corrupción tan expandida, tan sobredimensionada, nos damos cuenta de que tiene razón el poblador cuando señala que tiene desconfianza, que hay desorden. Todo ello nos lleva a tomar la firme decisión de dotar a la Contraloría de medios para poder sacar adelante al país”, anotó.

El parlamentario hizo estas afirmaciones durante el evento descentralizado, cuyo tema fue la importancia de la fiscalización a propósito del predictamen del Proyecto de Ley N.° 138-2021-CR, que plantea medidas para la expansión del control concurrente. Al acto también concurrió la congresista Jessica Córdova Lobatón (AP-PIS), representante de Lambayeque.

La iniciativa tiene como antecedente el Proyecto de Ley N.° 6999, de autoría del excongresista Widman Napoléon Vigo Gutiérrez (FP), entre otros, y que fuera observada por el Poder Ejecutivo; y luego actualizado y enviado por el Consejo Directivo a la Comisión de Fiscalización para continuar su debate y aprobación.

Al acto fue invitado el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, quien expuso ante los alcaldes provinciales y locales y regidores, entre otros funcionarios, en el auditorio de la Universidad Privada Cesar Vallejo en su filial en Chiclayo.

CONTROL CONCURRENTE

Shack Yalta explicó que la Contraloría siempre ha realizado su función de control posterior a los hechos en forma externa, y que una vez realizada la supervisión y ejecutado el informe correspondiente, solo le cabe sancionar y perseguir a los infractores.

“Lo mejor es prevenir y no llorar sobre la leche derramada. Por eso, es bueno el control concurrente, porque es simultáneo a la realización de las obras. Es un acompañamiento sistemático y disciplinario. O sea, sale un proyecto para control concurrente y la Contraloría tiene que crear un equipo que acompañe el proceso de principio a fin, no solo la ejecución, sino mirar desde el expediente técnico”, aseveró.

Informó que cuando se apruebe la ley, probablemente el próximo año, se generará un espacio de coordinación entre la entidad y la comisión de Contraloría para que cada vez que se aplique el control concurrente la entidad pública acredite a su representante para que trabaje en forma conjunta.

El contralor expuso a los asistentes detalles de numerosas y variadas formas de corrupción que ocurren en el sector público y aclaró que el control concurrente no sanciona, lo hace desde julio pasado el control posterior o el Poder Judicial.

Señaló que el Estado pierde ingentes cantidades de dinero cada año no solo por la corrupción -a través de la sobrevaloración de obras y contratación innecesaria de costosas consultoras-, sino también por la ineficiencia de los funcionarios, que muchas veces dejan paralizadas las obras, por no haberlas planificado debidamente.

“Pero, además, hay inconductas funcionales como las que se producen cuando se dejan paralizadas las obras y se tiene que pagar diariamente a las empresas sin que se realicen los trabajos, porque no es su responsabilidad que no les entreguen los terrenos, debido a la falta de previsión.

En cuanto a la corrupción sostuvo que este mal genera efectos económicos y sociales, que no solo es por la participación de malos funcionarios, sino por la complicidad de malos empresarios.

Señaló que la entidad a su cargo no tiene el personal necesario para fiscalizar a 140 entidades que gastan dinero del Estado, pero se comprometió a realizar un megaoperativo en Lambayeque a fines de noviembre o inicios de diciembre, donde se han perdido más de 677 millones de soles.

“Trasladaremos cientos de auditores para intervenir en las obras de construcción que se están haciendo y poner al día el control gubernamental”, expresó.

Sostuvo que la corrupción es un problema del Gobierno y de la sociedad, que los malos funcionarios públicos nacen de las familias y que el acto corrupto es personal.

Advirtió que la corrupción no se puede eliminar nunca, porque es un mal sistémico en todos los países en mayor o menor medida, incluso en los llamados desarrollados que tienen mayor transparencia.

Indicó que hay necesidad de hacer cinco reformas en el sector público: control público, reforma de la justicia, reforma política, financiamiento de los partidos; y reforma en el servicio civil.

“No vamos a salir del subdesarrollo si el Estado no opera, y para que opere necesita gente, hombres y mujeres profesionales capacitados y honestos y bien remunerados”, anotó.

OFICINA DE COMUNICACIONES