El Pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, el texto sustitutorio de la iniciativa legislativa por la cual se incorpora el artículo 112-A en la Ley 26842, Ley General de Salud, para establecer el destino de cadáveres de internos que cumplían condena por traición a la patria o de terrorismo en su condición de líder, cabecilla o integrantes de la cúpula de organizaciones terroristas.

El texto, que contiene dos artículos, se basa en diversas iniciativas legislativas. El primero es el Proyecto de Ley 191, propuesto por el Ministerio Público y presentado el 14 de setiembre último; el segundo es el Proyecto de Ley 195, de la bancada Alianza Para el Progreso, y presentado el 15 de setiembre; asimismo, se acumuló el Proyecto de Ley 203, del Partido Morado.

Fue aprobado en primera votación con 70 votos a favor, 32 votos en contra y 14 abstenciones. Se exoneró la segunda votación con 81 votos a favor, 37 en contra y una abstención.

El artículo 112-A mencionado, incluido en el segundo artículo del dictamen aprobado, establece lo siguiente:

“En el caso del cadáver de un interno que venía cumpliendo condena con sentencia firme por los delitos de traición a la patria o de terrorismo, en su condición de líder, cabecilla o integrante de la cúpula de organizaciones terroristas, cuya entrega, traslado, sepelio o inhumación ponga en riesgo la seguridad nacional o el orden interno, el fiscal competente, en decisión motivada e inimpugnable, dispone su cremación, previa necropsia».

“La autoridad sanitaria, en coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, ejecuta lo dispuesto en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. La cremación se realiza en presencia de un representante del Ministerio Público, para fines de identificación, quien levanta el acta correspondiente.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispone la dispersión de los restos cremados en tiempo y lugar de naturaleza reservada”.

SUSTENTO
La sustentación estuvo a cargo de la titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Gladys Echaíz de Núñez Izaga (APP), quien afirmó que es responsabilidad del Estado adoptar las políticas criminales preventivas.

“Sabemos que frente a un fenómeno social o hechos que causan zozobra, el Estado debe adoptar medidas tendientes prevenirlas, erradicarlas o combatirlas, y en este momento estamos ante un hecho concreto del vacío de ciertas normas con relación a supuestos de hechos que pueden generar situaciones de esta naturaleza”, refirió la legisladora.

«Lo cual ha conllevado a que tanto el Ministerio Público, continuó, como quien les habla, mi bancada y el Partido Morado presenten proyectos de ley referidos a regular o llenar los vacíos que existen actualmente en la ley, y que están relacionados con los cadáveres de cabecillas o miembros de organizaciones terroristas que mueran en el cumplimiento de una condena».

Gladys Echaíz desarrolló cada una de las iniciativas y sostuvo que el Congreso, “como representante de la sociedad, le corresponde hacer posible esa paz social, dar a las víctimas la respuesta que necesitan del Estado, y evitar que la rememoración de hechos que ocurrieron en el pasado vuelvan”.

Luego del debate parlamentario, la titular de la Comisión de Justicia precisó que el proyecto de ley tiene la finalidad de “evitar la comisión de delito, básicamente del de apología, de esos delitos graves que causaron sangre, dolor zozobra. Queremos evitar precisamente eso, y no es un tema nuevo, ya el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció sobre el particular en la sentencia 002-2019”.

En ella, continuó, declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad en lo referido a los extremos de vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica y de no retroactividad contra la Ley 30868, que modificaba la Ley de los cementerios y servicios funerarios a raíz del mausoleo que se construyó en Comas.

Gladys Echaíz precisó que, sobre ese punto, “el TC determinó que ese derecho también es limitado, porque no hay nada absoluto, más aún cuando está en riesgo la seguridad, el orden interno y la paz social”.

DEBATE
La congresista Digna Calle Lobatón (PP) inició el debate con el recuerdo de la grave experiencia que vivió con la pérdida de sus padres a manos de Sendero Luminoso y el terror que impuso las huestes de esta organización criminal en su región. Su posición y opinión se suma, dijo, a la de miles de peruanos. “Ni la sentencia ni la cadena perpetua reparará el daño ocasionado por este genocida”, manifestó.

Seguidamente, el parlamentario Edward Málaga Trillo (SP-PM), como autor de una de las iniciativas sobre el tema, saludó la iniciativa de la presidente de la Comisión de Justicia, ya que le corresponde al Congreso legislar de manera urgente en esta materia. Solicitó la acumulación del PL 203, de su autoría, y que el resultado refleje el mayor consenso.

La legisladora Susel Paredes Piqué (SP-PM) sugirió de inmediato que, en el texto sustitutorio, “además de terrorismo, se incluyan los delitos contra la humanidad establecidos en el Código Penal, entre (los artículos) 319 y 324, como son el genocidio, la tortura, la discriminación, la desaparición forzada y la manipulación genética”.

El congresista Wilson Soto Palacios (AP) sugirió que el cabecilla de una organización criminal ni puede ser considerado como un líder, porque no es un término apropiado, y consideró que se debe consignar en el texto sustitutorio la palabra cabecilla.

Por su parte, la parlamentaria Ruth Luque Ibarra (JPP) expuso que estas iniciativas permiten llenar un vacío legal y que es evidente que este tema reabre heridas profundas. “Es fundamental que esta norma pueda recoger temas como los delitos de lesa humanidad, que también necesitamos que se incorporen de manera expresa”, sostuvo.

A su turno, el congresista Waldemar Cerrón Rojas (PL) hizo una defensa irrestricta del Estado de derecho y el ordenamiento jurídico. Por tanto, afirmó que la Constitución no ampara el abuso del derecho. “Esta iniciativa tiene nombre propio. De aprobarse su aplicación de manera retroactiva será inviable. La venganza que se genera no es buena consejera”. También, aseveró que estaba de acuerdo en incluir los delitos de lesa humanidad en la norma que se aprueba.

A su turno, el parlamentario José Williams Zapata (AvP) consideró que la iniciativa propuesta por la congresista Echaíz “es responsable, valiente y con visión”. Este es un asunto, dijo, de una cuestión de Estado que ha debido tratarse con anticipación. La eficiencia política y la burocrática del Estado no están funcionando como corresponde, pues no deberíamos estar en esta situación, sostuvo.

Mientras que la legisladora Heidy Juárez Calle (APP) respaldó lo expuesto por su colega de bancada, la congresista Gladys Echaíz, y expuso algunas cifras propuestas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Por su parte, el parlamentario José Cueto Aservi (RP) hizo alusión al ministro de Justicia, que presentó una iniciativa para cremar el cuerpo del cabecilla y solo cinco ministros votaron a favor y el resto en contra (en el consejo de ministros), y la fiscal de la Nación “envía la zanahoria al Congreso, y este es un tema que debe resolverse simplemente cumpliendo la ley”.

“En este momento no juegan cuestiones ideológicas. Insto a que si se aprueba (esta ley), que el Congreso exhorte a la fiscal a que tome acción dentro de sus competencias”, indicó.

A su turno, el congresista Héctor Ventura Ángel (FP) lamentó que “aún muerto, el sanguinario terrorista siga trayendo problemas al país”. Saludó las iniciativas, que, “aunque reflejan que hay algunas lagunas de índole jurídico, debemos subsanarlas como legisladores” e invocó a que, con la aprobación de esta norma, se evite todo posible “acto de culto que se pretenda hacer con el cuerpo de este terrorista”.

Participaron en el debate, por sus respectivas bancadas, Silvana Robles Araujo (PL), Segundo Montalvo Cubas (PL), Milagros Rivas Chacara (PL), Edgar Tello Montes (PL), Pasión Dávila Atanacio (PL), Lucinda Vásquez Vela (PL), Alex Flores Ramírez (PL), Francis Paredes Castro (PL), Jaime Quito sarmiento (PL) y Guillermo Bermejo Rojas (PL).

También, Rosangella Barbarán Reyes (FP), Jeny López Morales (FP), Juan Carlos Lizarzaburú (FP), Tania Ramírez García (FP), Martha Moyano Delgado (FP).

OFICINA DE COMUNICACIONES