La Comisión de Energía y Minas tomó nota del conflicto social que hoy en día se vive en el distrito de Huamachuco (La Libertad) y que es protagonizado por dos mil mineros ilegales en el cerro El Toro.

La consejera regional de La Libertad, Jennifer Catalán, aseveró que por culpa de la minería ilegal e informal “han desaparecido canales de agua y se han contaminado las principales fuentes de agua de Shiracmaca, El Toro, Coigobamba y Santa Cruz. También, se encuentran en peligro las fuentes de agua de cerro Huaylillas por perforaciones en búsqueda de mineral”.

Afirmó que se han registrado viviendas con la infraestructura afectada en los referidos caseríos, además de la destrucción y los daños a la infraestructura educativa de la zona de influencia. Asimismo, se ha detectado contaminación minera a causa de explosiones de gran magnitud.

“Esta situación -dijo- ha generado que menores de edad padezcan problemas oftalmológicos, la muerte de animales por consumo de agua contaminada y hasta persecuciones a los comuneros con denuncias penales para apoderarse de sus terrenos”.

La consejera regional pidió a los congresistas miembros de la Comisión de Energía y Minas que intercedan ante la Presidencia del Consejo de Ministros y ante el Ministerio de Energía y Minas para obtener una respuesta frente a este conflicto social. Igualmente, exhortó actualizar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para incorporar normas de regulación ambiental.

Se planteó invitar al representante legal de la empresa minera Summa Gold.

LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS

En otro momento, la congresista Francis Jasmina Paredes Castro (PL) sustentó el Proyecto de Ley 023/2021-CR, que propone modificar la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, con la finalidad de incorporar disposiciones de regulación ambiental.

Aseveró que otra finalidad de su propuesta es fijar restricciones para que las empresas o subsidiarías de empresas petroleras o de gas, que incumplen normas ambientales y tienen obligaciones pendientes de pagos por sanciones impuestas por la autoridad ambiental del país, no puedan seguir contratando con el Estado.

La comisión acordó, por unanimidad, conformar cuatro grupos de trabajo: para revisar la Ley General de la Minería; para examinar la situación de la pequeña minería artesanal; para analizar el uso de las energías renovables, y para revisar la situación del gasoducto peruano y la masificación del gas natural.

OFICINA DE COMUNICACIONES