La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, presidida por el legislador Lenin Bazán (Frente Amplio), aprobó el predictamen recaído en los proyectos de ley 07008/2020-CR y 07637/2020-CR, que propone la Ley que concede amnistía general a las autoridades y miembros de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas y rondas campesinas.

El legislador Walter Benavides Gavidia (APP), autor de una de las iniciativas, explicó que “para Cuyumalca (Chota), cuna de ronderos, es un honor, pero también una responsabilidad”; porque muchas veces los ronderos de esta zona del país sufren atropellos por desconocimiento de sus derechos.

“Ellos ejercen justicia alternativa frente a la falta de la justicia convencional, por la debilidad y limitación del Estado, justicia alternativa, intercultural, bajo los principios de solidaridad, fraternidad con los integrantes de sus comunidades”, precisó.
El objetivo de este proyecto, señaló el congresista, es “que el Poder Judicial proceda a amnistiar cualquier medida restrictiva que pudiera afectar a los hermanos ronderos de manera inmediata y anular los antecedentes judiciales o penales que pudieran haber registrado contra los amnistiados”.

“Por una sociedad más inclusiva con aquellos grupos minoritarios y para la revaloración de nuestras costumbres y tradiciones. Es el momento de dar a los ronderos el sitial que les corresponde, por ser actores principales en sus comunidades”.
Por su parte, Lenin Bazán sostuvo que la iniciativa va a beneficiar, sobre todo, a las autoridades de las comunidades de rondas campesinas que han hecho ejercicio de su función constitucional; sin embargo, han terminado denunciados, procesados, y otros sentenciados. Dentro de nuestras facultades congresales podemos otorgarles la ley de amnistía general, puntualizó.

“Las autoridades de estos pueblos indígenas han actuado acorde al ejercicio de la función jurisdiccional, establecida en el art. 149 de la Constitución Política. Sin embargo, en el ejercicio de esta facultad constitucional, las autoridades de los pueblos indígenas originarios han sido denunciadas y sentenciadas”, precisó.

Asimismo, aseguró que se busca “reparar el daño que se hace a miles de ronderos y dirigentes por parte de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial al violar una facultad jurisdiccional y constitucional que tienen estas autoridades”.
Asimismo, Bazán Villanueva recordó que la criminalización hacia los indígenas y ronderos de las comunidades tienen como resultado que entre 1994 y 2006 haya 748 casos penalizados.

Esta iniciativa ayudará a resolver que haya menos penalización y que se alienten los niveles de coordinación entre instancias del Estado, para que hay más diálogo. Además, de establecer principios y reglas de coordinación intercultural, opinó.

OFICINA DE COMUNICACIONES