El Pleno del Congreso aprobó, por 92 votos y 9 abstenciones, el dictamen de los proyectos 1797, 3953, y otros, que propone la ley de desarrollo urbano sostenible.

La decisión se tomó luego de un cuarto intermedio solicitado por el presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción, Juan Carlos Oyola (AP), con el fin de redactar un texto sustitutorio que recoja los diversos aportes presentados por los legisladores durante su debate en el Pleno.

En ese sentido, Oyola afirmó que se plantea modificar el artículo 37 en los siguientes términos:
“Modificación de la zonificación. La zonificación no puede modificarse salvo en el marco de la actualización de los planes de desarrollo urbano conforme a la periodicidad y los procedimientos que se establecen en el Reglamento de la ley. La periodicidad de actualización deberá ser como mínimo una vez al año, siempre considerando el análisis integral del ámbito de los planes de desarrollo urbano (…)

Además, indicó que se elimina la sexta disposición complementaria final y que se ha agregado una disposición complementaria final que señala lo siguiente:

“Para las comunidades nativas, campesinas y todos los pueblos originarios, en todos los casos en el proceso de titulación o demarcación pendientes, podrán ser implementados para vivienda social una vez que se culmine lo procesos en el marco de la normativa vigente”, puntualizó Oyola.

La propuesta legislativa fue exonerada del trámite de segunda votación por lo que quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

DICTAMEN

Antes, el parlamentario sustentó el dictamen que tiene como finalidad establecer principios, lineamientos, instrumentos y normas que regulan el acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano, a efectos de lograr un desarrollo urbano.

“Estoy seguro de que va a beneficiar a los pobres del país, que aún no cuentan con vivienda digna”, señaló Oyola Rodríguez.

Seguidamente, afirmó que el Perú carece de un instrumento con rango de ley que integre y ordene las disposiciones sobre desarrollo urbano y vivienda social. Indicó que este vacío normativo dificulta el accionar del Gobierno nacional y de los gobiernos locales, ya que limita sus capacidades en materia de planificación, promoción de vivienda de interese social, dotación de infraestructura y servicios y de gestión urbana.

“Este dictamen es el resultado de un arduo trabajo que simplifica el trabajo en conjunto del Poder Ejecutivo, Legislativo y la sociedad civil. Ha contado un amplio proceso de socialización y recepción de aportes por parte de los sectores y niveles de Gobierno, colegios profesionales, gremios empresariales, académicos y otros”, comentó.

Entre sus principales objetivos, aseveró Oyola, está el generar los mecanismos que logren la reducción del déficit habitacional existente, el cual afecta a cerca de 500 mil familias sin vivienda, y cerca de un millón con viviendas de baja calidad; además busca la refocalización de la actuación del Estado en torno a la vivienda de interés social. De modo tal se oriente a priorizar la generación de programas y proyectos de vivienda para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social.

Manifestó que una de las herramientas para este fin es la creación de incentivos urbanísticos que permitan la generación de vivienda de interés social. También, se crea la figura del operador público de suelo para atender la principal dificultad para la construcción de vivienda de interés social a través de la habilitación y gestión de terrenos de propiedad pública para destinarlo a dicho fin.

“De esta manera, el proyecto de ley busca modificar la dinámica de la expansión de las ciudades peruanas, busca reducir los casos de ocupaciones informales y reducir la exposición al peligro y la precariedad que implica para la familia de menores ingresos que actualmente acceden a la vivienda mediante este tipo de ocupaciones o por el tráfico de terrenos”, indicó.

También, señaló que se busca resguardar las áreas de protección natural o paisajística al evitar la ocupación de terrenos de valor ambiental o cultural, y asegurar la adecuada provisión de servicios y equipamientos de infraestructura en todas las ciudades y centros poblados del país

“De cara a la conmemoración del bicentenario, la aprobación de esta iniciativa puede marcar un hito porque no solo responde a la problemática de la informalidad urbana que data de muchas décadas, sino porque nos permitiría estar a la par con los demás países de la región que ya cuentan con este tipo de leyes”.

Agregó que esta ley permitirá una nueva concepción de desarrollo de las ciudades peruanas hacia un camino que promueva su desarrollo sostenible y justo, donde se atienda prioritariamente a los hogares de escasos recursos que no cuenten con una vivienda digna y adecuada

Previamente, se rechazó una cuestión previa de la congresista Martha Chávez Cossío (FP) para que el dictamen regrese a la Comisión de Vivienda y Construcción y pase a la Comisión de Descentralización

Argumentó que la propuesta no cuenta con opinión de gobiernos regionales ni de la Asociación de Municipalidades del país, y además fue se exonerado de dictamen de la Comisión de Descentración.

La cuestión previa fue rechazada por 21 votos a favor, 75 en contra, 12 abstenciones.

OFICINA DE COMUNICACIONES