Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de control de parte de la ciudadanía en los procesos de adquisiciones de servicios y bienes del Estado, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, una norma para este caso.

Durante la sesión plenaria, se debatió los proyectos de ley 979, 1053, 1775, 3081 y 4972, que proponen crear las veedurías ciudadanas en los procesos de contrataciones estatales y de inversión pública.

Héctor Maquera Chávez (UPP), presidente de la Comisión de Fiscalización, sustentó el proyecto en mención, y precisó algunos artículos en su texto sustitutorio, además afirmó que el objetivo de la presente iniciativa de ley tiene como finalidad garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos, con la participación de la ciudadanía organizada en el marco de la presente norma.

Se dio a conocer que entre los objetivos de las veedurías ciudadanas está el fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la contratación estatal. De igual forma, se plantea reforzar los procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones, en la gestión de los asuntos que lo involucran en el seguimiento y control de las contrataciones en el Estado y de los proyectos de inversión, así como velar por los intereses de la comunidad.

Dentro de las funciones de las veedurías, se señaló que estas buscan observar el proceso de licitación, buena pro, ejecución, propuestas técnicas y financieras de los postores, así como el cumplimiento de los trabajos y la calidad técnica de lo realizado. También, prevé impedimentos y prohibiciones para este caso en la composición de las veedurías para evitar su distorsión y posible parcialidad en este proceso.

Un aspecto para precisar es que los veedores ciudadanos están prohibidos de retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de la veeduría. Además, la norma también prevé la labor de los informes bimestrales de forma obligatoria y dirigida a la Contraloría General, a través de sus respectivas oficinas de control institucional, así como también los aspectos relacionados a la colaboración y coordinación con las autoridades, entre otros lineamientos de trabajo para este caso.

“Cualquier ciudadano puede constituir veedurías ciudadanas mediante un acta de constitución que debe contener los datos completos de sus integrantes, el objeto de la vigilancia, la jurisdicción o el lugar de residencia. De igual forma, el acta de constitución debe ponerse en conocimiento de la Contraloría General de la República, quien llevará un registro de veedurías ciudadanas con carácter constitutivo, entre otros aspectos que regulan este proceso social y ciudadano de control institucional”, manifestó el titular de ese grupo de trabajo, legislador Maquera Chávez.

Al término de la exposición y debate, el Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la iniciativa en mención por mayoría, por lo que quedó pendiente la segunda votación de acuerdo con los plazos legislativos previstos para este caso.

Lima, 2 de julio de 2021

DESPACHO CONGRESAL