Con 99 votos a favor y 11 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, que propone fortalecer la seguridad ciudadana a través de la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares y de municiones ante las autoridades.

El dictamen aplica a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que, de manera voluntaria, entregue armas de fuego ilegales o irregulares o municiones, con independencia del estado de conservación que tengan, ante los centros de recepción establecidos conforme a la presente ley.

Con la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares o municiones, las personas naturales o jurídicas señaladas en el artículo 2 gozan, de ser el caso, de los siguientes beneficios: anonimato en la presentación de las armas de fuego o municiones, amnistía por la posesión de armas de fuego o municiones, condonación de las deudas pendientes ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), así como incentivos económicos, en especie o de otra naturaleza, por la entrega de armas de fuego o municiones. Los beneficios descritos en los literales b, c, y d se otorgan previa solicitud de la persona que entrega el arma de fuego o munición, sea el propietario o un tercero, a quien se le aplica la reserva de identidad.

Respecto al anonimato, la iniciativa plantea que cuando entregan las armas de fuego ilegales o irregulares o municiones se realiza sin el registro de la identificación de la persona que se presenta en los centros de recepción establecidos conforme a la presente ley.
Asimismo, la persona que entrega armas de fuego ilegales o irregulares o municiones no es pasible, en el marco de la presente ley, de responsabilidad penal por la posesión ilegal o de sanción administrativa por la posesión irregular de las mismas. En ningún caso quien entrega armas de fuego o municiones queda vinculado con los delitos cometidos con estas. Dicha amnistía incluye únicamente el tipo penal descrito en el artículo 279-G del Código Penal.

Además, indica que la autoridad receptora está prohibida de requerir a la persona que entrega armas de fuego o municiones las razones de la tenencia ni cualquier otra información adicional. De igual manera, las deudas por multas pendientes de pago, originadas a los poseedores de armas de fuego, que cuenten con registro vencido en la Sucamec, son objeto de condonación.
La persona que figure en el registro mencionado tampoco será pasible de alguna sanción.

Asimismo, sobre los incentivos, el Ministerio del Interior, a través de la Sucamec, establece incentivos en favor de las personas que entreguen armas de fuego o municiones, conforme a los criterios que se establezcan en el reglamento de la presente ley. Estos incentivos podrán ser económicos, en especie o de otra naturaleza.

De esta manera, el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional del Perú y la Sucamec, establece los centros de recepción, que deben contar con personal especializado, conforme establezca el reglamento.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Daniel Urresti Elera (PP), sustentó la propuesta y señaló que la normativa se encuadra en la Política de Estado N.° 7 del Acuerdo Nacional: «Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana» y que establece el compromiso del Estado peruano de normar y fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales.

«Sin perjuicio de lo propuesto por el proyecto de ley, la PNP y la Sucamec pueden continuar con las incautaciones de armas de fuego. La vigencia de la ley propuesta es de un año, desde su reglamentación, ya que se trata de una excepción temporal que busca incentivar a las personas a entregar las armas irregulares e ilegales, en los centros de recepción», sostuvo.

OFICINA DE COMUNICACIONES