Se gestionan garantías personales, apoyo ante riesgos y acceso a la justicia

La Comisión de la Mujer y Familia recibió los testimonios de las viudas y deudos de defensores ambientales asesinados en la región Ucayali, quienes denunciaron amenazas y hostilidades persistentes en sus comunidades, solicitando celeridad de los operadores de justicia que siguen sus procesos y apoyo efectivo de parte de las autoridades.

“Tenemos una situación que no podemos desconocer: los procesos que no avanzan, amenazas constantes y familias en abandono. Hablando con las familias de los líderes asesinados, por ejemplo Diana Ríos, ella narra que llegar a su casa toma varios días en bote. Entonces, una cosa son los papeles y otra la realidad ¿Estas personas que son ciudadanos peruanos, pero en regiones lejanas, pueden ser realmente protegidas?”, reflexionó la presidenta de la Comisión, Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado).

Antes, se recibió el testimonio de la señora Zulema Guevara Sandoval, viuda del Apu Arbildo Meléndez, líder indígena Cacataibo quien murió por disparos de bala en abril del 2020. Ella denunció que sus hijos quedaron en el desamparo y que el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación le ofrecieron tablets y apoyo pero que no ha vuelto a saber de ellos.

“El asesino de mi esposo sigue libre y la justicia peruana no hace nada. Estamos en estado de abandono. Deberían indemnizarnos con algo, darnos un bono de apoyo”, aseguró.

Asimismo, Diana Ríos Rengifo, hija de quien en vida fue Jorge Ríos Pérez, líder asháninca de la comunidad Nativa Alto Tamaya – Saweto, asesinado el 1 de septiembre de 2014 junto a otros 3 miembros de su comunidad por traficantes de madera, sostuvo que siguen recibiendo amenazas y que no encuentran justicia.

“Las personas no podemos estar tranquilas, nos siguen amenazando. Por defender nuestro territorio ancestral, por lograr un título en nuestra comunidad, seguimos en el mismo riesgo. Queremos acciones concretas no solo promesas”, aseguró.

“Soy comunera y mi esposo fue asesinado el 22 de julio del año pasado. Quiero justicia. Hasta ahorita nos amenazan”, dijo por su parte Nelia Bolívar Mera, viuda de Santiago Vega Chota, líder indígena y defensor ambiental asesinado en Ucayali.

Ángel González Ramírez, Director de Políticas en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, informó que la repuesta del Estado es la implementación del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y su entorno familiar o personal, a cargo de su sector y que este mecanismo ha registrado 11 alertas, 6 de las cuales inciden sobre actividades de 13 mujeres defensoras y mujeres familiares de defensores de derechos humanos.

“Hay un despliegue activo de amenazas contra defensores de los derechos humanos y hay incidencias como cartas, hostigamientos y otros. Ante ello, se activan garantías para resguardad la vida y la integridad de los defensores”, explicó.

Aseguró que las alertas activaron el sistema de protección para 6 defensores indígenas, 2 defensores ambientales ,1 comunidad campesina, 1 defensora de mujeres y 1 denunciante de hechos de corrupción. Asimismo, González precisó que las zonas de mayor riesgo son Madre de Dios, Ucayali y Huánuco.

Por su parte, Jorge Abrego Hinostroza coordinador de Mecanismo de Protección precisó el apoyo a los defensores en riesgo y sus familias se coordina con ocho ministerios.

Lizárraga Houghton afirmó que la Comisión de la Mujer y Familia no cesará en buscar apoyo real del Estado para que estas familias puedan acceder a la justicia y no seguir desamparadas. “No sé si puede realizarse patrullaje policial o si las viudas pueden trasladarse a hacer seguimiento de sus juicios. No más lentitud y abandono, más aún si siguen existiendo amenazas. Si hay una Unidad de asistencia de víctimas del Ministerio Público ¿pueden estas familias recibir apoyo económico?”, se preguntó.

La congresista Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) mostró su preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos que sufren abuso de las fuerzas policiales: “Cuando están en riesgo personas que defienden los bosques, la Amazonía y el agua, y hay un contexto de conflicto social, cuando entran las fuerzas del orden, ¿cómo se garantiza su protección?” preguntó, a lo que el representante del Minjus respondió que se está capacitando a la Policía Nacional en derechos humanos y en el Mecanismo de Protección.

“En distrito de Ananea, Puno, donde hay trata de personas y minería ilegal queremos saber si hay personas protegidas, porque Puno es una región donde esas actividades ilícitas ponen en riesgo a quienes se le enfrentan”, sostuvo por su parte la legisladora Jessica Apaza Quispe (Unión por el Perú). El funcionario González Ramírez informó que a la fecha no se ha recibido pedidos de protección en esa región.

Lima, 14 de junio de 2021.
Comisión de la Mujer y Familia