Con la finalidad de proteger a los defensores de los derechos humanos, la Comisión de la Mujer y Familia anunció que solicitará apoyo a diversos ministerios involucrados a fin de garantizar su atención en las zonas más alejadas de nuestro país.

Así lo anunció la presidenta de ese grupo de trabajo, Carolina Lizárraga Houghton (PM), luego de escuchar la presentación de Zulema Guevara Sandoval, esposa del Apu Arbildo Meléndez, líder indígena cacataibo, quien murió por disparos de bala en abril de 2020; además de Diana Rengifo, hija de Jorge Ríos Pérez, líder asháninca de la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto en la región Ucayali, quien fuera asesinado el 1 de setiembre de 2014 junto a otros tres miembros de su comunidad por traficantes de madera.

Los familiares expresaron que han quedado en completo abandono luego de que sus parejas fueran asesinadas. Además, señalaron que vienen siendo víctimas de amenazas por parte de las mismas personas que habrían asesinado a sus esposos, por lo que solicitaron apoyo del Estado.

Lizárraga informó que solicitará de manera formal apoyo al Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) para que de manera coordinada e inmediata se puedan atender a esas familias y no sigan en estado de vulnerabilidad.

“Tenemos que garantizar una adecuada protección de sus derechos. Vamos a solicitar a todos los ministerios que corresponden para que este mecanismo de protección esté cerca de los defensores de los derechos humanos más alejados de nuestro país”, aseveró.

En razón a ello, Ana María Mendieta Trefogli, directora ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar-Aurora del Ministerio de la Mujer, dijo a ese grupo de trabajo que su marco legal solo les permite dar pensiones a las víctimas indirectas de feminicidio.

Indicó que cualquier disposición de dinero supone una norma que habilite el sector para poder cumplir con ese mandato legal.

“No existe una norma de rango legal que habilite al sector a dar estas contribuciones económicas para los deudos de los defensores de derechos humanos que hayan sido asesinados en el marco de sus funciones”, precisó.

Explicó que en el caso de la señora Guevara se viene coordinando con el Ministerio de Educación para que se haga entrega de las tablets y se cumpla con la promesa establecida. Además, refirió que se está coordinando para la atención psicológica, así como la atención integral de salud.

Igualmente, Marco Solis Vargas, director ejecutivo del Inabif, expresó que el único maco legal para otorgar un beneficio económico es que las personas hayan fallecido por la COVID-19, toda vez, que no tienen otro marco legal para poder dar un incentivo.

Por su parte, la legisladora Yessica Apaza Quispe (UPP) exhortó al programa Aurora que informe sobre la atención brindada respecto a la violencia contra las mujeres y en el caso del Inabif que dé el número de niños que han sido atendidos por haberse encontrado en abandono, en especial énfasis en la región Puno.

En respuesta a ello, la representante de Aurora indicó que en todas las regiones se cuenta con un Centro de Emergencia Mujer y en la región Puno está en proceso de formalización para tener un hogar de refugio temporal.
Indicó que se está coordinando con el gobierno regional de ese departamento para la suscripción de un convenio de refugio temporal, lo cual ayudará mucho para la protección de las mujeres víctimas de violencia.

Indicó que ese centro de emergencia temporal estaría empezando atender en julio de este año.

“Estamos esperando la suscripción de ese convenio. El año pasado hemos atendido 3888 casos en Puno y en lo que va de este año va superando los 1500 casos atendidos”, subrayó.

En la Comisión de la Mujer y Familia también se presentó Ángel González Ramírez, director de Políticas en Derechos Humanos, y Jorge Abrego Hinostroza, coordinador de mecanismos de protección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes informaron sobre la implementación del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y su entorno familiar o personal, situaciones de agresión, amenazas o riesgo sufridas por los defensores ambientales en el Perú.

Además, informaron sobre programas de asistencia psicológica y económica dirigidos a las familias de los defensores ambientales en el Perú que hayan sufrido atentados contra sus vidas.
González Ramírez manifestó que en el caso de Ucayali cuentan con una abogada que está en el lugar y constantemente mantiene relación y coordinación con los diferentes líderes de las organizaciones que están en la zona.

“Se prevé la participación del Ministerio de la Mujer para brindar acogida a la persona cuando se trata de una mujer, en el marco de la ley contra la violencia”, explicó.

OFICINA DE COMUNICACIONES