El Pleno del Congreso aprobó este viernes 11 el dictamen del PL 7641, que propone la Ley de ascenso de supervisores, técnicos, suboficiales u oficiales de mar de las Fuerzas Armadas.

La decisión de la Representación Nacional fue por 88 votos a favor, y 1 abstención. Seguidamente fue exonerada del trámite de segunda votación por 88 votos a favor, y 1 en contra, con lo cual quedó expedita para ser enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

El objeto de la propuesta es establecer los principios, etapas, requisitos, aptitudes y procedimientos que rigen los ascensos del personal de supervisores, técnicos, suboficiales u oficiales de mar de las Fuerzas Armadas, así como las competencias de las juntas correspondientes.

La iniciativa fue sustentada por el congresista Daniel Urresti Elera (PP), presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, quien dijo que se trata de una ley esperada desde el 2007.

“Aunque parezca mentira, el ascenso de este personal no cuenta con una ley ni dispositivo legal que regule las reglas, etapas y requisitos para este proceso. Cada institución armada, ya sea el Ejército, la Marina y la Aviación acuden a diferentes directivas internas, lo cual marca un estado de discriminación, generando una situación impredecible, sin garantizar transparencia e igualdad de oportunidades para el personal”, indicó Urresti Elera.

El artículo 2 de la propuesta legal señala que los procesos de ascensos tienen por finalidad garantizar una línea de carrera técnico-profesional, sustentada en un sistema de evaluación, selección y promoción de los supervisores, técnicos, suboficiales u oficiales de mar de las Fuerzas Armadas al grado militar inmediato superior, desarrollados en estricta observancia del ordenamiento constitucional y legal vigente.

Además, los procesos de ascensos se sustentan en los principios rectores siguientes: meritocracia, legalidad, objetividad y transparencia, igualdad de derechos y oportunidades y ética.

“Su aplicación sistematiza procedimientos y garantizará derechos fundamentales de este personal que es un pilar y soporte fundamental dentro de las FF. AA. Su aplicación no genera gasto adicional al tesoro público, porque el proceso se hace sobre la base del número de efectivos aprobado anualmente por el Gobierno, conforme a las atribuciones contemplada en el artículo 172 de la Constitución”, precisó Urresti.

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