El Pleno del Congreso de la República aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría sobre los procesos de contratación de servicios efectuados por el Ministerio de Cultura desde el 2018 a la fecha, que recomienda acusar constitucionalmente al exmandatario Martín Vizcarra Cornejo por e inhabilitarlo por diez años para el ejercicio de toda función pública.

La votación fue de 93 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. En consecuencia, de acuerdo con las palabras de la presidenta a. i., Mirtha Vásquez Chuquilín, el informe se tramitará a las instancias correspondientes.

El informe fue elaborado por la citada comisión en mérito a lo establecido en el artículo 97 de la Constitución Política del Perú y del artículo 88 del Reglamento del Congreso, por lo que se solicitó facultades de Comisión de Investigación mediante la Moción del Orden del Día 10970, para investigar los procesos mencionados hasta por el término de 45 días calendario.

De acuerdo con una de las múltiples conclusiones del informe, sustentado por la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Nelly Huamaní Machaca, “se ha comprobado que estamos ante una organización criminal que habría capturado el Poder ejecutivo y sus dependencias, para utilizar el poder político con el que contaba su líder y jefe, el exmandatario Martín Vizcarra Cornejo”.

El informe acusa constitucionalmente a la exministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz Dodero, y al exministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro Chavesta, porque “resulta increíble que no conocieran la relación entre la contratada Fiorella Alvarado Vallejo y el expresidente de la República”, por consiguiente, “le alcanzaría responsabilidad política, sino probablemente administrativa por omisión e incluso la probable comisión de delitos de función”.

Así también, se acusa constitucionalmente al exministro de Defensa, Jorge Moscoso Flores, al exministro de Defensa Walter Martos Ruiz, al exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, pues “teniendo influencias reales”, mantuvieron en su cargo a José Luis Alvarado Gonzales como asesor en el despacho del Viceministerio de Políticas para la Defensa, por la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 400 del Código Penal.

Asimismo, se acusa constitucionalmente a los exministros de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada Contreras, César Estremadoyro Mory y Edmer Trujillo Mori, porque en la serie de conductas descritas a lo largo del informe se revelan “indicios razonables que podrían configurar niveles de participación en los delitos tipificados en los artículos 400 y 377 del Código Penal sobre el tráfico de influencias”.

De acuerdo con Nelly Huamaní Machaca, la hipótesis que se trabajó fue que se “propuso la existencia de una posibilidad de una organización criminal enquistada en el Poder Ejecutivo y sus diferentes sectores dependientes”, liderada por el mandatario Martín Vizcarra Cornejo y sus colaboradores cercanos, “no solo para la comisión de delitos, sino también para ocultarlos”.

Por ello, se buscó determinar si las contrataciones de servicios efectuadas por el Ministerio de Cultura y otras entidades del Estado se realizaron de conformidad con las normas de la materia y de ser el caso, identificar a los presuntos autores y partícipes en las presuntas infracciones constitucionales y responsabilidades administrativas”.

Huamaní Machaca sostuvo que a lo largo de la investigación “se ha evidenciado la existencia de un problema público, el clientelismo que sigue vigente tras décadas y décadas de Gobierno republicano, y a pesar de los esfuerzos de los servidores comprometidos con el mejoramiento del país”.

A consecuencia de ello, dijo, “las políticas públicas basadas en la meritocracia están paralizadas, por no decir colapsadas, ya que no existe voluntad política por parte de los gobernantes, autoridades ni funcionarios para ejecutarlas”.

Más adelante, subraya el hecho de que “habría existido un uso ilegítimo de la ley de contrataciones para favorecer a amigos y/o familiares para que accedan puestos de trabajo en el Estado, evitando someterse a la Ley Servir, que regula el acceso al servicio civil”.

OFICINA DE COMUNICACIONES