La Comisión de Mujer y Familia, que preside la congresista Carolina Lizárraga Houngton (PM), aprobó, por unanimidad, la insistencia a la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que propone el fortalecimiento de los hogares refugio temporal para mujeres víctimas de violencia y otros integrantes del grupo familiar.

En la sustentación, la titular del grupo de trabajo indicó que la propuesta fortalece los hogares de refugio temporal a nivel nacional con la finalidad de garantizar un servicio de calidad para la protección integral y desarrollo de capacidad de las mujeres víctimas de violencia.

Indicó que la población beneficiada son las mujeres víctimas de violencia física, psicológica, sexual, prioritariamente aquellas que sufren violencia en una relación de pareja con o sin hijos menores de edad y cuya situación pone en riesgo su integridad física, mental e inclusive su vida.

La parlamentaria Zenaida Solís Gutiérrez (PM) lamentó la observación hecha por el Poder Ejecutivo, y calificó de incapacidad para atender una urgencia que busca detener el círculo de violencia contra la mujer.

“La lucha contra la violencia a la mujer requiere acciones concretas para no seguir contando estadísticas que crecen día a día. En el Perú, existen hogares de refugio temporal y la mayoría por gestión privada y algunos de estos están desactivados. En zonas de Callao y Puno, donde hay altísima violencia, no hay ni uno solo”, sostuvo.

Además, indicó que los hogares de refugio deben verse como una protección del Estado, que tiene la obligación de brindar a las mujeres víctimas de violencia. “No puede ser que eso no se entienda, necesitamos que el Estado acoja a esas mujeres y que trabajemos todos, incluyendo gobierno nacional, regional y local”.

En el mismo sentido, la parlamentaria Yessica Apaza Quispe (UPP) indicó que la propuesta nace del sentir de la población, de aquellas personas víctimas de violencia que claman justicia y ayuda recogidas durante su trabajo en Semana de Representación.

“Hay muchas sedes que tiene el Poder Ejecutivo en las regiones y están en total abandono por falta de personal para su atención. Las víctimas de violencia necesitan un apoyo rápido y oportuno de diversos profesionales como médicos y psicólogos”, señaló.

CITARÁN A MINISTRO DE TRANSPORTE

Con la finalidad de salvaguardar la vida de los niños y adolescentes que se desplazan desde tempranas horas de la mañana por diversas carreteras en búsqueda de internet, las integrantes de la Comisión de Mujer y Familia plantearon citar al ministro de Transporte y Comunicaciones para que explique las acciones que viene adoptando su sector para proteger a este sector de la población.

El acuerdo fue tomado luego de que la parlamentaria Lusmila Pérez Espíritu (APP), señalara que en la región Huánuco las clases virtuales siguen siendo un problema, ya que los niños y adolescentes tienen que caminar largas horas por caminos y quebradas buscando wifi.

“Es triste la situación que atraviesan nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestro Perú profundo. Son horas de horas que tienen que caminar por trochas, quebradas buscando la línea de internet y exponiéndose al peligro”, indicó.

Señaló que el titular del MTC deberá explicar los planteamientos o proyectos que vienen desarrollando en cada región para salvaguardar la vida de este sector de la población.

Agregó que los padres de familia, en su mayoría agricultores, no pueden adquirir servicio de internet, que mensual les cuesta 200 soles. “Lamento mucho esta situación que atraviesan nuestros estudiantes, a diario se enfrentan a muchos peligros”, señaló.

La propuesta fue respaldada también por la legisladora Arlette Contreras Bautista (NoA), quien aseveró que espera que se apruebe en segunda votación el proyecto de reforma constitucional sobre la ley de reconocimiento al derecho del internet.

Por su parte, la congresista Rocío Silva Sanstisteban (FA) solicitó se cite también al general de la Policía Nacional del Perú (PNP), César Augusto Cervantes Cárdenas, para que dé cuenta de las acciones que viene tomando su sector frente a las denuncias de violencia de género, feminicidio y violencia sexual.

OPINIÓN TÉCNICA AL DELITO DE FEMINICIDIO

Respecto a la opinión técnica sobre los proyectos que proponen la aplicación de la cadena perpetua por el delito de feminicidio, Angela Teresa Hernández Cajo, directora general contra la violencia de género, indicó que lo que se necesita es que los operadores de justicia actúen con la debida diligencia a lo largo del proceso penal, pues de nada sirve el incremento de penas si es que los operadores de justicia no la aplican debidamente y de manera oportuna.

Indicó que las razones por la que la referida propuesta no son favorables son que desde la incorporación de tipo penal de feminicidio en el 2011 en el Código Penal se han efectuado varias modificaciones para incrementar la pena.

“La última modificación se realizó en el 2018 a través de la Ley 30819, mediante la cual el tipo penal se incrementó de 15 a 20 años y de 25 a 30 años en la forma agravada. Así mismo, se ha mantenido la cadena perpetua cuando ocurran dos o más agravantes”, indicó.

Agregó que aumentar la pena de tipo penal no garantiza la disminución de casos. Actualmente, la pena por feminicidios y sus agravantes es alta, sin embargo, se ha advertido que en los últimos años el índice de feminicidios no ha tenido una disminución significativa, por ejemplo, en el año que se realizó la última modificación en el 2018 existieron 149 casos con características de feminicidio. Posterior a dicha modificación, en el año 2019, se registraron 166. Ante esta situación se considera que aumentar la pena privativa de libertad no es suficiente para erradicar la violencia contra las mujeres ni disminuir los casos de feminicidio.

“Ya en el 2021 tenemos 43 casos de feminicidio y 80 casos de tentativa de feminicidio, por ello, es necesario considerar otras acciones para la prevención de violencia de género, sin perjuicio a ello es necesario adoptar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres. También, resulta fundamental continuar con la prevención primaria de violencia basada en género con el trabajo que se viene haciendo desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y se ha expresado mediante la aprobación de los lineamientos estratégicos para la prevención de violencia de género contra las mujeres”, subrayó.

Dijo que el aumento de la pena tipo penal no garantiza una sanción efectiva, al respecto entre los años 2012 y 2018 solo un 30 % de casos identificados como feminicidios han terminado con sentencia condenatoria pese al incremento de penas.

Al respecto, la congresista Arlette Contreras se mostró en contra de las opiniones vertidas, indicó que el sistema de justicia no funciona porque no hay compromiso, voluntad, falta de conciencia, sensibilidad y empatía para entender el sufrimiento y padecimiento de las víctimas de violencia, así como de las familias de las víctimas por este hecho.

“Me preocupa la postura institucional del Ministerio de la Mujer, porque es un ministerio que ha venido trabajando desde la perspectiva de los agresores, feminicidas. Necesitamos un sistema de justicia, se requiere atender la problemática en contra de las mujeres desde las perspectivas de las víctimas y es un enfoque que nunca se ha tenido en nuestro país. Vemos tantos casos que quedan en nada, quedan en total impunidad, porque hay una sobre protección a los agresores y feminicidas. ¿Dónde están los derechos de las víctimas, dónde están los derechos de las mujeres que fueron asesinadas que nunca más vamos a volver a ver?”, se preguntó.

La parlamentaria Rocío Silva Santisteban (FA) consideró como fundamental dentro del ámbito de feminicidio el tema estructural y preventivo. Dijo que uno de los graves problemas es la insensibilidad de los funcionarios de justicia en general de forma general.

“Es un tema vinculado con la estructura completa y concreta del Poder Judicial y todo el aparato de justicia. Uno de los temas básicos es la PNP que no cumple con la debida diligencia, se requieren de otras normas”, manifestó.

El grupo de trabajo también recibió el aporte de Mariella Lenkiza Valcárcel Angulo, directora general de Asuntos Criminológicos de Justicia y Derechos Humanos.

Lima, 3 de mayo de 2021

PRENSA-CONGRESO