El Pleno del Congreso aprobó el jueves 15, por mayoría (85 a favor, 11 en contra y 6 abstenciones), el dictamen que prohíbe a las entidades públicas a contratar personal mediante la modalidad de locación de servicios para actividades de naturaleza subordinada y permanente.

La norma tiene por objeto prohibir a las entidades públicas la contratación de personal mediante la modalidad de locación de servicios con la finalidad de evitar la desnaturalización de la relación laboral y para garantizar el derecho de los trabajadores en todas las entidades del sector público.

La sustentación de la norma estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Oseda Yucra (Frepap), quien señaló que lo dispuesto en la presente ley se aplica a las entidades públicas pertenecientes a los poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos, gobiernos regionales y locales, incluyendo organismos descentralizados, proyectos especiales, y programas.

Indicó que la norma prohíbe contratar personal a través de la modalidad de locación de servicios para cubrir puestos o funciones de carácter permanente o no permanente, bajo responsabilidad administrativa de los funcionarios o servidores que soliciten o autoricen la contratación.

“Con esta norma vamos a reivindicar a miles de trabajadores del sector público que por años vienen laborando en situaciones precarias. Es una iniciativa a favor de la clase trabajadora”, indicó.

A su turno, el parlamentario Rolando Ruiz Pinedo (AP) consideró que este régimen de locación de servicios es más abusivo que el CAS, porque el empleado no recibe ningún beneficio, no tiene vacaciones ni aguinaldo ni seguro de salud.

Precisó que actualmente son 145 mil personas contratadas bajo este régimen, entre ellos médicos y enfermeros que el Estado contrata para no pagarle ningún tipo de beneficio laboral.

“En esta pandemia, miles de médicos y enfermeros que se encuentran en la primera línea luchando contra la COVID-19 no tienen ni EsSalud. Si se contagian tienen que pagar con su dinero su tratamiento, y esto pasa porque son contratados por locación de servicios”, señaló.

En la misma línea, el legislador José Luis Ancalle (FA) planteó una sanción penal o civil tanto para el funcionario que autoriza la contratación, como para el que se encuentra a cargo de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad, así como para el titular de esta ante el incumplimiento de la ley.

“Esta contratación vulnera los derechos laborales de los empleadores, da oportunidad a la corrupción y ello desnaturaliza las actividades rutinarias, retardan sus pagos, servicios, cometen abusos laborales utilizando un contrato de servicio no personal para que muchos ciudadanos laboren sin tener gratificaciones”, indicó.

A su turno, la tercera vicepresidenta del Congreso, Matilde Fernández Flores (SP), indicó que el sistema de locación de servicios es abusivo y desconsiderado, sobre todo para el personal que labora en el sector salud y en otros espacios laborales a nivel nacional.

Consideró que los trabajadores contratados por locación de servicios, que a la fecha siguen laborando y los que vayan a ingresar, tendrían ser contratados bajo la modalidad CAS, considerando el Decreto de Urgencia emitido por el Poder Ejecutivo.

El congresista César Gonzáles Tuanama (DD) señaló que esta contratación de locación de servicio no es más que una sacada de vuelta a la ley. Pidió que se incorpore una cláusula penal ante el incumplimiento de esta norma al funcionario responsable y al titular del pliego por omisión a deberes fundamentales.

La propuesta fue exonerada de segunda votación con 85 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, con lo que será enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

PASA A COMISIÓN

Por mayoría (58 votos a favor, 30 en contra y 11 abstenciones), el Pleno del Congreso aprobó que el Proyecto de Ley que crea el Colegio Profesional de

Comunicadores del Perú pase a la Comisión de Educación para un mayor análisis y debate.

El pedido fue hecho a través de una cuestión previa por el congresista Leonardo Inga Sales (AP), quien argumentó que no se ha tomado en cuenta la opinión de diversos sectores.

La norma tiene por objeto crear el Colegio Profesional de Comunicadores del Perú como una institución autónoma con personería jurídica de derecho público interno y con una sede principal y filiales en el país de acuerdo con su estatuto.