Las diferencias en las cifras de fallecidos por coronavirus afectan la toma de medidas contra la pandemia, sostuvo el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, ante los miembros de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19.

El funcionario fue invitado al grupo de trabajo, que preside Leonardo Inga Sales (AP), para que brinde un informe respecto a las acciones de control realizadas al Gobierno central y al Gobierno Regional de Loreto en torno a las diversas irregularidades detectadas en las diversas instancias.

Shack Yalta señaló que, de acuerdo con un informe de control concurrente, las cifras de fallecidos por COVID-19 del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) son diferentes a las que muestran las direcciones regionales de salud (Diresa) y las direcciones de redes integradas de salud (Diris).

Según el Ministerio de Salud (Minsa), al 31 de marzo último, hay 52 877 fallecidos por COVID-19; sin embargo, expuso el contralor, luego de consultar a las Diresa y a las Diris se llega a la conclusión de que esa cifra se eleva a 71 090, mientras que la que maneja el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) es de 143 011 fallecidos.

Esta incongruencia, en palabras del contralor, se debería a que se ha identificado que las Diresa consultadas manifiestan que las diferencias entre las cifras de fallecidos se deben a falta de capacidad operativa.

Otro factor es que el punto de corte, que es el horario, es diferente en cada región a comparación del CDC y que solo se registran casos con síntomas negativos o positivos. El CDC señala que las diferencias se deben a diez posibles causas, entre las cuales están que el Sinadef ingresa certificados electrónicos en tiempo real y demora con los certificados físicos.

Otra situación es que las defunciones confirmadas no se ingresan el mismo día en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Noti). Por lo que se ha recomendado al Minsa y al titular del CDC adoptar las acciones correctivas con el objetivo de asegurar la continuidad y los resultados del proceso de información de las defunciones causadas por SARS-CoV-2.

El contralor general de la República informó que en el 2020 el Gobierno central dispuso más de 113 mil millones de soles, tanto para atender la pandemia, como para la reactivación económica; y en el 2021, se han autorizado más de 10 mil 978 millones.

En tanto, sobre los resultados de control por coronavirus, la Contraloría ha emitido, al 31 de marzo del presente año, un total de 12 701 informes de control: cuatro de control previo, 12 545 de control simultáneo, y 152 de control posterior.

Este proceso de control incluye informes de control emitidos sobre contrataciones de bienes y servicios para reforzar el sistema de salud (febrero 2020-marzo 2021): pruebas rápidas, pruebas moleculares, equipo de protección personal, ventiladores mecánicos, equipamiento de hospitales, atención de pacientes, medicamentos, oxígeno medicinal.

Sobre este último punto la Contraloría ha identificado una inadecuada gestión para la adquisición de plantas de oxígeno y falta de supervisión de los actos preparatorios; así como la adquisición de concentradores de oxígeno que no cumplían con el porcentaje de concentración establecido por la normativa.

En cuanto al equipamiento de hospitales, el funcionario remarcó el retraso en la entrega de equipos médicos sin aplicación de penalidades a los contratistas, hospitales sin salas de aislamiento exclusivo para pacientes COVID-19, recepción de obras a pesar de existir partidas ejecutadas sin cumplir con especificaciones técnicas.

Otro caso es el tema de los centros de aislamiento. Para ese punto el Gobierno ha destinado más de 500 millones de soles en inversión a través de EsSalud, Minsa y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis).

En mayo, señaló, se inicia un operativo control posterior a partir de la información que se tiene, hay que aspectos que deben ser aclarados como la entrega de bienes, la puesta en operación 30 aislamientos temporales y centros hospitalarios temporales. En ambos tipos se han encontrado una serie de problemas. Unos se corrigieron y otros nos.

Asimismo, se han detectado irregularidades en la compra de 1210 concentradores de oxígeno del Minsa. Estos no cumplieron el porcentaje (no menos de 93 %) de concentración establecido en el DU 066-2020, y no se evidenció sustento técnico previo al requerimiento ni coordinaciones con los gobiernos regionales para asignar los concentradores a establecimientos de salud.

PROCESO DE VACUNACIÓN

Para Nelson Shack Yalta, en la práctica, el proceso de vacunación es un megaproyecto y como tal la entidad a su cargo ha estructurado una estrategia de control con la conformación de equipos especializados para la disposición de vacunas contra el coronavirus.

Asimismo, manifestó que el esquema de control concurrente para la vacunación COVID-19 consiste en una evaluación de un conjunto de hitos de control pertenecientes a un proceso en curso y se realiza a modo de acompañamiento sistemático y multidisciplinario.

Para ello se ha desplegado 508 auditores en 25 regiones.

Se han emitido 649 informes de control simultáneo, y entre las principales situaciones advertidas en el proceso de vacunación se ha encontrado que no se ha priorizado al personal médico y asistencial, el padrón de vacunación está desactualizado o se carece de equipos mínimos, que es lo exige la norma técnica de salud para conservar las vacunas.

Entre las principales problemáticas detectadas durante el proceso, dijo que se han perdido alrededor de tres docenas de vacunas y hay abundantes casos de vacunación anómala (por lo menos 200 vacunados irregularmente); casos, indicó, que suponen un incumplimiento de las normativas que debe ser sancionado.

Intervinieron los congresistas Leonardo Inga Sales, Carmen Núñez Marreros (Frepap) y Daniel Olivares, quien expresó la necesidad de trabajar de manera articulada con la Contraloría, “más a tiempo real, para evitar estos atropellos en las regiones”.

Como respuesta, el contralor informó que, a través de la coordinación parlamentaria, su entidad entregará los informes sobre COVID-19 de manera focal, y según a la región que pertenecen los legisladores para efectuar ese trabajo articulado.

La idea, sugirió, es que el personal regional de la Contraloría acompañe y brinde sustento técnico a los congresistas, y estos puedan ejercer un con control político, en el sentido de interpelar y llamar la atención a las autoridades respectivas, para saber por qué no resuelven los problemas.

GERENTE DE ESSALUD

En el inicio de la sesión de la Comisión Especial COVID-19, se presentó el gerente general de EsSalud, Alfredo Barredo Moyano, para brindar un informe sobre las acciones adoptadas por la entidad para reforzar la respuesta sanitaria en torno a la segunda ola de contagios.

Previamente, Leonardo Inga Sales (AP) leyó un oficio enviado por la presidenta ejecutiva, Fiorella Molinelli Aristondo, en el que se excusaba de participar “por motivos impostergables”, luego de lo cual Inga Sales afirmó que se la volvería a citar.

Esto en coincidencia con la postura del congresista Absalón Montoya Guivin (FA), quien dijo que no se puede justificar la ausencia de la responsable de EsSalud, ya que la invitación es directa a ella, quien es la responsable y quien debe asumir la responsabilidad.

Alfredo Barredo Moyano informó que el plan de intervención de la entidad ha establecido una estrategia para enfrentar la segunda ola de contagio y cuenta con cuatro ejes: fortalecer la atención primaria, el aumento de la oferta de asistencia frente el coronavirus; la disminución de exposición al riesgo; y la garantía de abastecimiento de medicamentos e insumos.

Para el primer eje, señaló, se ha priorizado establecimientos de salud (EESS) de atención primaria COVID-19, exclusivos y mixtos; atención extramural (búsqueda de casos y brigadas de atención); búsqueda activa, mediante el contacto telefónico, web, correo electrónico al 100 % de las familias de los asegurados; y pruebas de diagnóstico oportunos (cerco epidemiológico).

En cuanto al incremento de la oferta, manifestó que la entidad ha experimentado una gran brecha de recursos humanos (se han ido 1800 médicos y en total 8000 personas dejaron de trabajar en forma presencial).

Para ello, dijo que se ha propuesto captar nuevos recursos humanos a nivel nacional y de acuerdo con las necesidades de la demanda, se ha propuesto adquirir equipos biomédicos (1172 ventiladores y 56 tomógrafos), plantas de oxígeno y máscaras de alto flujo en proceso de adquisición (300).

Todo ello, sostuvo, tiene el objetivo de disminuir la mortalidad en UCI a casi la mitad.

En cuanto a la vacunación contra la COVID-19 para el personal, informó que al 9 de febrero se recibieron 92 198 vacunas para la primera dosis de Sinopharm, hay un avance de 97 %. Además, el 3 de marzo se recibieron 89 223 vacunas para la segunda dosis y hay un 79 % de avance.

El 8 de marzo se inició la vacunación para adultos mayores con 50 310 vacunas para la primera dosis; y el 29 de marzo se recibieron 11 700 para la segunda dosis. Asimismo, la primera dosis se ha efectuado totalmente, y la segunda aún faltaría un 8 %.

Barredo declaró que existe un “muy pequeño número de profesionales (de la salud) que no han querido vacunarse”.

Seguidamente, diversos legisladores mostraron su preocupación por la inoperancia de la entidad en sus regiones.

Geovanni Acate Coronel (APP) expuso los problemas en la instalación de plantas de oxígeno en los hospitales de contingencia modular, y citó el caso de Yurimaguas, en donde, además, la municipalidad ha ofrecido un terreno que EsSalud no ha tomado.

A su turno, Wilmer Cayllahua Barrientos (Frepap) preguntó si EsSalud no está comprometido con la salud de los pobladores del Vraem.

A su vez, Mónica Saavedra Ocharán (AP) mostró su preocupación por los adultos mayores que no aparecen en las listas de vacunación.

Por su parte, Carmen Núñez Marreros (Frepap) criticó el uso incorrecto de los recursos económicos.

En tanto, Lenin Checco Chauca (FA) describió múltiples problemáticas en el hospital de Abancay, en donde además existen diversas investigaciones administrativas.

Mientras que Absalón Montoya Guivin (FA) habló del déficit de infraestructura hospitalaria en el país en los tres niveles de atención, a lo que el funcionario respondió que, en verdad, no hay dinero para inversiones e indicó que el déficit en infraestructura es de 30 mil millones de soles.

Finalmente, Jorge Pérez Flores (SP) dijo que “nosotros hemos desfinanciado a EsSalud. Hay que recapacitar, una cosa es estar en campaña, otra ser populista, y otra representar a la Nación, que es trabajar por el bien común”.

Lima, 6 de abril de 2021

PRENSA-CONGRESO