Con cien votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de garantía integral para la primera línea de trabajo en el marco de la pandemia por COVID-19 y establece responsabilidades funcionales. Enseguida la propuesta fue exonerada de segunda votación con 93 votos a favor.

El acuerdo fue tomado en la sesión virtual que se realizó el jueves 18. Se trata del Proyecto de Ley 5324, presentado a iniciativa de la congresista Valeria Valer del grupo parlamentario Fuerza Popular.

La sustentación de la propuesta estuvo a cargo del congresista Omar Merino López (APP), presidente de la Comisión de Salud y Población, quien dijo que el objeto de la proyectada norma es establecer lineamientos mínimos que garanticen de manera integral la protección a las personas que forman parte de la primera línea de trabajo en el marco de la pandemia por coronavirus

Agregó que dicha protección abarca el cuidado integral de su salud por curso de vida y con enfoque de derechos humanos; así como la dotación de equipos de bioseguridad, desarrollo de capacidades y condiciones de trabajo adecuadas y seguras.

Señaló que la propuesta se sustenta en las altas tasas de mortalidad entre el personal de salud y de las fuerzas del orden que están en la primera línea de lucha contra el SARS-CoV-2 por la inadecuada distribución de equipos de protección personal, motivo por el cual el Estado tiene el deber de proteger a estos trabajadores y resulta necesario el establecimiento de garantías mínimas que los proteja.

Asimismo, la propuesta señala que son principios que rigen las garantías para la primera línea de trabajo: integralidad, igualdad, universalidad, calidad, trasparencia y rendición de cuentas.

Además, establece que esta primera línea se encuentra conformada por el personal de salud de las entidades públicas del Sistema Nacional de Salud, el personal militar de las Fuerzas Armadas, el personal policial de la Policía Nacional del Perú, y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, las rondas campesinas o comunales y los comités de autodefensa; que realizan labores efectivas para garantizar el aislamiento social obligatorio, el orden interno, los servicios de salud, las emergencias y accidentes en general; así como de los que realizan labores en el levantamiento de cadáveres de personas infectadas con coronavirus en el marco de la emergencia sanitaria; independientemente de la relación laboral, contractual o legal que tuviese dicho personal.

En cuanto a las medidas en favor del personal de la primera línea de trabajo, señala que el Estado garantiza su protección para el adecuado desarrollo de sus funciones legales y constitucionales asignadas en el marco de la pandemia por la COVID-19.

En ese contexto se tendrá derecho a contar con el equipo de protección personal (EPP) de calidad y óptimo para el desarrollo de sus funciones. El Estado garantiza el suministro de los EPP y los renueva conforme a la necesidad del personal de primera línea y en atención al tipo de función que realiza. El Estado, a través del sector competente, elabora el plan de equipamiento y mantenimiento del personal de la primera línea de trabajo.

Además, el personal tendrá derecho a contar con medidas de seguridad y bioseguridad en sus centros de labores o dependencias. Los titulares de los sectores competentes son responsables de la implementación y correcta ejecución de las medidas antes indicadas del personal a su cargo.

Así también, se contempla el derecho a la aplicación de pruebas moleculares para la detección del SARS-CoV-2, en forma periódica y oportuna al personal de la primera línea de trabajo y a contar con un traslado seguro a sus centros de labores y a sus hogares. Asimismo, el Estado garantiza que el traslado del personal de primera línea cuente con las medidas de salubridad necesarias que garanticen su integridad.

Merino López dijo que la propuesta no genera gasto adicional al tesoro público, puesto que solo regula una serie de garantías y derechos al personal de la primera línea de trabajo, cuyo presupuesto se encuentra programado en cada uno de los ministerios involucrados para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19; por tanto, –subrayó– las disposiciones se ejecutan con cargo a los pliegos presupuestales de cada uno de los sectores correspondientes.

Durante el debate, el congresista Jorge Vásquez (AP) pidió incorporar como personal de primera línea de trabajo al personal de las municipalidades que prestan servicios de limpieza.

A su turno, Isaías Pineda (Frepap) observó que la pandemia ha develado la precaria situación sanitaria del Perú, donde las altas tasas de mortalidad del personal de salud y el personal militar que se encuentra en primera línea demanda acciones urgentes.

Finalmente, Valeria Valer (FP) indicó que el Estado tiene el deber de proteger a los trabajadores de la primera línea de trabajo ante la pandemia, quienes realizan una labor primordial en la protección de la vida de las personas en la pandemia por COVID-19, por lo que resulta necesario el establecimiento de garantías mínimas que los proteja.

Lima, 18 de marzo de 2021

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