El Pleno del Congreso virtual aprobó con 104 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones ampliar el plazo de la Comisión investigadora que tiene por objetivo establecer el número real de fallecidos a causa del coronavirus.

La legisladora Tania Rodas (APP), vicepresidenta de este grupo de trabajo, sostuvo que aún las cifras no son claras y se manejan datos diferentes en las diversas instancias del Gobierno.

El Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) afirma que aún no está cerrado el registro de decesos de 2019 y 2020. Solo se tiene un registro de fallecidos hasta el 2018, comentó Rodas Malca.

«Si dividimos la problemática por regiones, vemos que la más afectada es la del Callao con 358 muertos por cada cien mil habitantes, seguido por las regiones Ica, Moquegua, Madre de Dios, Ucayali y otras», señaló la legisladora al afirmar que la comisión debe continuar con su labor, porque «a nuestra población le asiste el derecho de saber la verdad, ¿qué motivó al Gobierno anterior a ocultar el número real de fallecidos?», se preguntó.

«Se calcula que diariamente fallecen 700 compatriotas. Por las cifras de las últimas semanas y de la forma cómo viene la pandemia, sumado al colapso total de todos los establecimientos de salud y la falta de camas UCI y la escasez de oxígeno, el Perú se prepara para registrar aproximadamente 120 mil fallecidos por COVID-19 para fines de este mes de febrero, según las proyecciones de fuentes abiertas», afirmó.

Por lo expuesto y ante las características de la segunda ola, el grupo de trabajo solicitó al Pleno la continuidad de esta comisión multipartidaria hasta el final del presente periodo legislativo: el 13 de julio de 2021, con el fin de brindar una información confiable y fidedigna respecto al número real de fallecidos por coronavirus en el país.

La comisión que determinará el número real de fallecidos en la presente pandemia también tiene como objetivo determinar las presuntas responsabilidades de los funcionarios y/o servidores públicos que hubieran estado involucrados en dichos actos. Esto coadyuvará a mejorar los procesos estatales de gestión, como parte de los deberes primordiales del Estado.