Con la finalidad de conocer las opiniones del Ministerio de Cultura, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Justicia y de las propias organizaciones indígenas se reunió –el viernes 5 en sesión virtual– la Comisión de Pueblos Andinos para analizar el texto del proyecto que plantea la Ley de Reconocimiento Pleno y Registro de la Personalidad Jurídica de los Pueblos Indígenas u Originarios, y Pueblos Afroperuanos.

“Este Proyecto de Ley 6699 surge a iniciativa de los propios pueblos indígenas y originarios presentes acá. Es una iniciativa que se ha recogido y trabajado con ellos. Así que conforme al derecho internacional estaríamos cumpliendo desde el Congreso de la República con la consulta previa, libre e informada y más cuando nace desde nuestras organizaciones de pueblos indígenas y originarios”.

Así lo señaló el congresista Lenin Bazán Villanueva (Frente Amplio), presidente de dicha comisión dictaminadora. Por su parte, el congresista Manuel Aguilar (Acción Popular) opinó que la propuesta legislativa debe aprobarse lo más pronto posible.
Informó –además– que el referido proyecto de ley tiene carácter multipartidario, toda vez que ha sido firmado por 17 congresistas de 4 bancadas y otros legisladores no agrupados, que supera los 25 parlamentarios adherentes al PL 6699.

Al respecto, el director general de derechos de los pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, Paul Chata, se refirió al artículo 2 de la proyectada norma, el cual señala que son pueblos indígenas u originarios “aquellos sujetos colectivos que se consideran que descienden de poblaciones que preexisten al Estado peruano, y tienen instituciones sociales, económicas, culturales y políticas propias, o parte de ellas; cualquiera que sea su situación jurídica o nombre, con base en el artículo 1,1 b) del Convenio 169 de la OIT”.

Dijo que se debe tener en cuenta que hay gran diversidad de pueblos indígenas en el mundo y que una definición estricta y cerrada corre el riesgo de ser restrictiva y observó que solo se ha considerado criterios de carácter subjetivo y no lo que establece el convenio 169 de la OIT.

“El proyecto debería considerar el marco normativo que hemos enunciado y recomendamos que no se considere la referencia a las rondas campesinas como forma de organización de los pueblos indígenas originarios sin perjuicio de que esto sea posible que en cada caso concreto se pueda verificar el cumplimiento de los criterios del Convenio 169”, agregó el funcionario.

Enseguida observó que algunos aspectos planteados no se encuentran acorde con la Constitución, lo cual –dijo– amerita un mayor análisis por parte del Congreso, porque podrían requerir de una reforma constitucional “Sugerimos que el proyecto de ley sea analizado en la Comisión de Constitución y Reglamento”.

Por su parte, Edgardo Rodríguez Gómez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, consideró positivo que se haya presentado una propuesta dirigida a fortalecer y empoderar a los pueblos indígenas u originarios.
Observó que el cambio de la naturaleza jurídica de los pueblos en materia registral pasaría a de ser asociaciones –como ocurre en la actualidad– a ser considerados en términos registrales pueblos, por ello, observó es importante conocer el fondo de lo que implica la naturaleza registral y cuál es la viabilidad de este registro.

Opinó que en los requisitos para la inscripción de la personería jurídica en el libro de pueblos indígenas u originarios debería existir algún nivel de intervención o participación del Ministerio de Cultura como ente rector en esta materia. “En atención al análisis efectuado, la formulación actual del PL 6699/2020 resulta inviable”, concluyó.

También, participó en la sesión Jorge Rojas, subdirector de Operaciones Registrales de la Sunarp. Sobre la creación del registro observó que los registros a cargo de la Sunarp tienen efectos jurídicos con alcances legales y no administrativos y subrayó que para ello se requiere seguridad y autenticidad en la documentación, que sustentará la inscripción evitando fraudes, además de la intervención de un profesional especializado, es decir, un registrador.

“Hay un alto grado de conflictividad en el interior de las organizaciones sociales como asociaciones, colegios profesionales, clubes deportivos, etc. Es importante garantizar la autenticidad de los documentos”, dijo.
Para la Defensoría del Pueblo resulta importante que sea garantizado el derecho a la consulta previa, según dijo la funcionaria Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas, quien además saludó el debate de medidas legislativas sobre protección de los derechos de los pueblos indígenas u originarios. “Pone en discusión la necesidad de seguir evaluando marcos legales”, agregó.

A su turno, Santos Saavedra, de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, dijo que “lo que queremos es el reconocimiento pleno a la personería jurídica a las organizaciones. Todo PL necesita debate y opinión y eso es lo que está haciendo la Comisión de Pueblos Andinos”, subrayó. También participaron en el debate otros representantes de organizaciones indígenas u originarias y Jorge Ramírez, en representación de los pueblos afroperuanos.
Al plantear una interrogante a los invitados, el congresista Bazán Villanueva recordó que al pueblo Achuar del Pastaza le fue reconocida su personalidad jurídica como pueblo por una sentencia del Poder Judicial. “La pregunta es si fue reconocida la personalidad jurídica de este pueblo, considerando que ya goza de personalidad jurídica, pero tiene problemas. Entonces, ¿cómo garantizamos desde el Ministerio de Justicia y desde Registros Públicos que esta sentencia se cumpla?, preguntó. Por otro lado, opinó que la propuesta legislativa no ameritaría una reforma constitucional.

El debate continuará en una próxima sesión, dijo el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, luego de más de tres horas de discusión de la propuesta legislativa.