El titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), postergó para el próximo lunes 8 de febrero el debate y votación del informe final de la Denuncia Constitucional 371, que recomienda abrir proceso de antejuicio político a Edgar Alarcón Tejada (Unión Por el Perú), en su calidad de ex contralor general de la República.

La conclusión del informe aludido es que “se debe acusar por antejuicio político al denunciado Edgar Arnold Alarcón Tejada en su condición de ex contralor general de la República por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado previsto y sancionado en el artículo 401 del Código penal en agravio del Estado peruano”.

Felícita Tocto Guerrero (Descentralización Democrática), ponente del mencionado informe final, utilizó aproximadamente 60 minutos para efectuar una detallada exposición de los informes periciales llevados a cabo, tanto por el Ministerio Público como por la defensa del propio denunciado, además informó que el documento fue entregado el 2 de febrero último a todos los miembros de la subcomisión para su análisis.

Los cuatro informes periciales expuestos examinan el patrimonio del congresista Alarcón Tejada durante su ejercicio de la función de contralor de la República en el periodo del 9 de junio 2016 hasta el 4 de julio 2017. Dos de ellos, dijo la ponente, fueron consentidos por el propio denunciado. Y en ellos se determinan serios desbalances monetarios.

Al finalizar la exposición, el titular del grupo de trabajo propuso inmediatamente postergar el debate y votación del informe final 371 para el próximo lunes 8 de febrero, debido al inminente inicio del Pleno congresal.

Tanto Felícita Tocto como el congresista Gino Costa Santolalla (Partido Morado) propusieron ir directamente a la votación. Mientras que Martha Chávez Cossío (Fuerza Popular) tomó la palabra para decir que el debate era necesario. A su vez, Otto Guibovich Arteaga (AP) solicitó prudencia a los miembros de la subcomisión para que “no salgan a las redes a decir que estamos blindando a alguien».