Las últimas movilizaciones que tuvieron lugar en el país tuvieron como protagonista a una juventud que frente a las decisiones que se habían adoptado no podían permanecer indiferentes y salieron a participar en las calles, dijo el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho.

Fue ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Leslye Lazo Villón (AP), y que convocó a importantes autoridades para analizar las acciones adoptadas por la Policía Nacional del Perú para salvaguardar el orden interno y la seguridad ciudadana frente a las marchas de protesta producidas entre el 10 y el 16 de noviembre de 2020, en distintas ciudades del país.

Todo esto en torno a la coyuntura política suscitada como consecuencia del proceso de vacancia presidencial.

La sesión también tuvo como objetivo conocer las medidas que se implementarán en el futuro para garantizar los derechos constitucionales de las personas

“La Defensoría considera que es un error señalar que fueron azuzados o utilizados y organizados por grupos interesados. Es una visión equivocada de lo que en realidad sienten y quieren los jóvenes”, señaló Gutiérrez Camacho.

“Dudo que esto signifique un respaldo a un presidente o asuman una posición facciosa. Más bien, creo, estamos convencidos, que se trata de una respuesta a sus propios intereses, que en el tiempo van a tener que ir estructurándose. Hoy podríamos llamarlo un malestar respecto de la política, de la debilidad institucional, de la corrupción, de la ineficiencia del Estado”, anotó.

Informó que, desde el inicio de las acciones de protesta, la Defensoría del Pueblo monitoreó el desarrollo de las mismas y fueron desplazados 241 comisionados en todo el país.

Señaló que las movilizaciones, con excepción de Lima, han sido pacíficas y que, incluso, en algunos lugares los policías ha colaborado con los manifestantes brindándoles mascarillas y alcohol para evitar el contagio de la COVID-19.

Un balance de la actuación de la Policía Nacional del Perú arrojó para esta entidad que hubo disputa del espacio público con los ciudadanos, un uso inadecuado del gas lacrimógeno, detenciones ilegales, uso desproporcionado de la fuerza para detener, condiciones inadecuadas de lugares de detención, entre otros.

Consideró necesario reconocer las demandas de la juventud, superar la crisis política permanente, buscar consensos y mejorar el texto constitucional, perfeccionar el marco legal del uso de la fuerza, mejorar la formación de la policía nacional. Así también se busca atender a los efectivos policiales heridos y dotar de mayores recursos a la Defensoría para que cumpla su rol supervisor.

La congresista Martha Chávez Cossío preguntó si se tenía informe de las lesiones sufridas por los policías, si se identificaron los instrumentos que usaron los manifestantes y si no hubo infiltrados en las marchas.

Dijo que si no fue una marcha imprevista de dónde sacaron los jóvenes la extensa bandera con la que marcharon por las calles.

Así también preguntó qué sentido tendrían las elecciones si la calle puede cambiar a las autoridades. “Entonces sería mejor que en lugar de elecciones se realice un sorteo y que la calle decida quien gobierne”, expresó.

El congresista Otto Guibovich Arteaga (AP) preguntó si tienen información e identificación de los elementos infiltrados que desarrollaron desplazamientos cuasimilitares y sobre un presunto falso secuestro de uno de los manifestantes.

La legisladora Rocío Silva Santisteban (FA) sostuvo que Araujo Enriquez estuvo hasta las cinco de la tarde en el distrito de Independencia y de allí se movilizó al centro de Lima para unirse a las manifestaciones.

Dijo que a las ocho de la noche que fue intervenido por personas aparentemente del grupo Terna, que lo llevaron en contra de su voluntad a un sitio aún no identificado y después de tres días liberado en las inmediaciones del hospital Dos de Mayo.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Se encuentran tres investigaciones en curso en la Fiscalía de la Nación, una en contra del expresidente de la república, Manuel Merino De Lama, del ex primer ministro, Ántero Flores Aráoz, y del exministro del Interior.

“Esto en mérito a las denuncias presentadas por un grupo de organizaciones nacionales de derechos humanos”, dijo el fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Penal Nacional, Daniel Jara Espinoza, quien es coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales.

Jara Espinoza asistió a la comisión en representación de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Indicó también que dos investigaciones se encuentran en la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, uno por hechos de muerte y heridos, y el otro por los hechos de presunta desaparición forzada.

Jara Espinoza dijo que el acopio de la información que tengan será analizada y contrastada por el fiscal del caso, como el del joven Fernando Araujo, de quien un diario de la capital señala que mintió y no fue secuestrado.

De otro lado, en respuesta a una pregunta de la congresista Chávez Cossío, señaló que se ha constatado que hubo policías heridos, sobre los ya existe investigación en curso.

El funcionario indicó que las fiscalías de turno estuvieron alertas en los días que hubo movilizaciones y protestas sociales y se mantuvieron en contacto telefónico de los eventos que tuvieran lugar.

En torno a los dos jóvenes fallecidos, anotó que se iniciaron inmediatamente las investigaciones y se dispuso que serían los peritos del Instituto de Medicina legal los que se encargarían de realizar todas las diligencias y exámenes que fueran necesarios.

También se dispuso el acopio de los videos de las cámaras de seguridad de Lima y canales de televisión.

Entre las diligencias dispuestas estuvieron las dirigidas a investigar las denuncias de desaparición de personas para lo cual visitaron todas las dependencias policiales y no se encontró a ninguna persona. En el caso de Araujo Enríquez, una vez que apareció se ordenó el peritaje respectivo.

NO ASISTIERON

La titular de la comisión informó de la inasistencia, por segunda vez, del ministro del Interior, Ismael Rubén Vargas Céspedes, quien se excusó por tener que preparar el presupuesto de su sector que presentará ante el Pleno, y de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera. Ella envió como su representante, al fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional, Daniel Jara Espinoza, quien es coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales.

PRENSA-CONGRESO